El Gobierno de Estados Unidos anunció el incremento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. La cifra pasó de 25 a 50 millones de dólares, en lo que representa un nuevo intento por presionar al mandatario acusado de vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales.

La fiscal Pam Bondi, encargada de difundir el anuncio mediante un video en redes sociales, señaló que Maduro mantiene conexiones con grupos criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles. Según la funcionaria, estas alianzas son utilizadas para introducir drogas y generar violencia en territorio estadounidense.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Vínculos con el narcotráfico y decomisos millonarios

De acuerdo con Bondi, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha decomisado al menos 30 toneladas de cocaína vinculadas a operaciones del gobierno venezolano, de las cuales cerca de siete toneladas estarían directamente relacionadas con Nicolás Maduro. “Maduro y sus cómplices son responsables de inundar nuestro país con drogas”, afirmó.

Además de los decomisos de droga, el Departamento de Justicia ha confiscado activos valuados en más de 700 millones de dólares, entre ellos dos aviones privados y nueve vehículos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideran que el régimen de Maduro continúa representando una amenaza activa para la seguridad nacional de EE.UU.

Bondi calificó a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y reiteró que la duplicación de la recompensa responde a la necesidad de capturarlo. “El régimen de terror de Maduro continúa. Es una amenaza directa a nuestra seguridad”, declaró la fiscal.

Con este anuncio, Estados Unidos refuerza su postura de presión contra el gobierno venezolano, en medio de tensiones diplomáticas persistentes y denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y operaciones ilegales desde el aparato estatal.