El gobierno interino del presidente José Jerí decretó el estado de emergencia nacional en Lima y Callao como respuesta a la severa crisis de inseguridad ciudadana y el accionar del crimen organizado que afecta al país. Esta situación fue un factor clave en la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre. El decreto, anunciado en una declaración televisada y publicado en el diario oficial El Peruano, contó con la aprobación del Consejo de Ministros, tal como exige la Constitución. El presidente Jerí justificó la medida afirmando que "hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú" y que con ello se pasa "de la defensiva a la ofensiva".

El estado de emergencia conlleva la restricción o suspensión de varios derechos constitucionales y la implementación de acciones específicas. Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para tareas de control territorial, protección de infraestructuras estratégicas y recuperación de espacios públicos. El jefe del Comando Conjunto, David Ojeda, supervisó personalmente el despliegue en puntos estratégicos de Lima y Callao.

🇵🇪☝️Presidente de Perú decreta estado de emergencia en Lima y Callao

"Las guerras se ganan con acciones, no con palabras", enfatizó.https://t.co/JfGMuMjLKd pic.twitter.com/hbdPWolyEN

— RT en Español (@ActualidadRT) October 22, 2025

Se ha suspendido la libertad de reunión y protesta. El primer ministro Ernesto Álvarez precisó que las aglomeraciones de más de 3.000 personas requieren autorización policial. En materia de movilidad, se prohíbe el tránsito de dos adultos en una misma motocicleta, bajo pena de internamiento del vehículo en depósitos municipales.

Dentro del sistema penitenciario, se han implementado restricciones de visitas a los reclusos, limitándolas a una visita semanal para el régimen cerrado ordinario y una quincenal para el régimen especial, exclusivamente para familiares cercanos. También se ha decretado un "apagón eléctrico" en las celdas, permitiéndose solo la iluminación básica, y se procederá a la destrucción de antenas de telecomunicación ilegales instaladas en los penales. Adicionalmente, se han dispuesto operativos de fiscalización y control en zonas identificadas como focos de venta de drogas, armas, autopartes ilegales y celulares de dudosa procedencia, así como intervenciones en mercados ilegales vinculados a la trata de personas y el tráfico de drogas.

Se ha publicado el Decreto que declara el Estado de Emergencia en el departamento de Lima y provincia constitucional del Callao por 30 días a partir de hoy miércoles. Se restringen radicalmente las vistas en los penales, habrá operativos conjuntos de Policía Y FFAA, permanente… pic.twitter.com/aTZ9dNV2MU

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La medida se implementa en un contexto de alta inseguridad ciudadana. Según datos citados, los asesinatos aumentaron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, y las denuncias por extorsión se multiplicaron de 2.305 en 2020 a 21.746 en 2023. Existe además un descontento generalizado que ha generado movilizaciones, lideradas en gran medida por jóvenes de la denominada Generación Z, en repudio al Congreso y al gobierno de Jerí. Las protestas han resultado en enfrentamientos con la policía, con al menos un fallecido y un centenar de heridos reportados recientemente.

Parte de la población ha manifestado escepticismo sobre la efectividad de esta medida. Ciudadanos consultados por agencias de noticias expresaron que estados de emergencia anteriores no han solucionado el problema de fondo y que existe desconfianza hacia las instituciones por casos de corrupción. Una abogada declaró a la AFP: "Ya lo hemos tenido antes (...) y el estado de emergencia no ha ayudado en nada". Un ciudadano añadió que la presencia militar suele ser temporal y la criminalidad persiste.

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Mientras el gobierno enfatiza su enfoque de "mano dura", el primer ministro Álvarez ha realizado declaraciones previas calificando a algunos grupos de manifestantes como una "banda". Por otro lado, se señala que el presidente Jerí no ha aclarado si impulsará la derogatoria de seis leyes, por las cuales votó como legislador, que según expertos han debilitado la lucha contra el crimen y son objeto de rechazo en las protestas.

En las primeras horas del estado de emergencia, se observó un despliegue significativo de efectivos militares y policiales en avenidas principales, estaciones de transporte y distritos considerados vulnerables. Se reportaron calles con menor afluencia de personas y se iniciaron operativos de requisa en varios penales.