El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este miércoles que los ataques militares realizados en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son "legales" y que el personal militar responsable no puede ser perseguido judicialmente por ello.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró que "los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales". En consecuencia, los militares que ejecutaron estas órdenes, las cuales han resultado en al menos 76 personas muertas, "no corren riesgo de ser procesados". La justificación radica en que "el personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado".

Esta postura contrasta con la expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien el pasado lunes instó a Washington a investigar la legalidad de los ataques. Turk afirmó que existen "fuertes indicios" de que estas operaciones constituyen "ejecuciones extrajudiciales" y subrayó que no se ajustan al marco legal de los derechos humanos.

Anoche Estados Unidos realizó su décimo ataque en el Caribe, dejó seis personas muertas, elevando a 43 el número total de fallecidos desde el inicio de la campaña militar el mes pasado. pic.twitter.com/EdZenpCuYI

— Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 24, 2025

En las últimas semanas, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que, según Washington, transportan drogas, aunque no se han presentado pruebas públicas que lo sustenten. El ataque más reciente, ocurrido el fin de semana en el Pacífico, dejó seis personas fallecidas, según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el Departamento de Justicia redactó en julio un informe clasificado que establece la base legal para estos ataques y protege al personal participante de futuros enjuiciamientos.

Como parte de su estrategia de justificación, la administración del presidente Donald Trump envió una carta al Congreso informando que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de drogas latinoamericanos, a los que describe como "grupos terroristas".

En una entrevista con la AFP, el Alto Comisionado Turk argumentó que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían enmarcarse como "operaciones de aplicación de la ley", sujetas a las normativas internacionales de derechos humanos. En estos casos, "el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado", afirmó. "Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo".

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🔴 El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que llevó a cabo un nuevo ataque terrorista contra una embarcación desarmada en aguas del Mar Caribe, con el falso pretexto de que transportaba un cargamento de droga. pic.twitter.com/gXhX2m7xS2

— Mariano Andrés 💪😃 🇦🇷 🇷🇺 🇵🇸 🇮🇷 🇨🇳 (@MarianoParana) November 8, 2025

Al ser cuestionado directamente sobre si estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, Turk respondió: "Hay fuertes indicios de que lo son, pero necesita ser investigado".

Por otro lado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro –acusado de narcotráfico por Estados Unidos–, ha afirmado que el despliegue militar estadounidense en la región es parte de un complot para derrocarlo.

La situación pone en evidencia un profundo desacuerdo entre la interpretación legal de Estados Unidos, que se ampara en las leyes de guerra, y la perspectiva de derechos humanos sostenida por Naciones Unidas, que exige una investigación inmediata sobre la posible violación de garantías fundamentales.