A casi un año de haber iniciado una nueva guerra comercial, la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump empieza a mostrar efectos negativos dentro de Estados Unidos. El aumento de precios, la incertidumbre económica y el desgaste político se han convertido en factores que hoy presionan a su administración rumbo a las elecciones de medio mandato.

Desde abril, el gobierno estadounidense impuso un arancel general del 10 % a las importaciones, acompañado de gravámenes adicionales dirigidos principalmente a países con altos superávits comerciales con EE.UU. La medida, presentada como un impulso a la industria nacional, provocó tensión en los mercados y reconfiguró relaciones comerciales clave.

Con el paso de los meses, economías como Japón y la Unión Europea lograron acuerdos con Washington para reducir estos aranceles, aunque a cambio de concesiones que han debilitado la relación diplomática con Estados Unidos.

El conflicto más intenso se mantiene con China. A diferencia de otros socios comerciales, Pekín respondió con aranceles espejo, lo que detonó una escalada que llevó a Estados Unidos a imponer gravámenes de hasta 145 % sobre productos chinos, mientras que China hizo lo propio con tarifas de hasta 125 % a mercancías estadounidenses.

Aunque en octubre ambas potencias alcanzaron un acuerdo marco tras una reunión entre Trump y el presidente Xi Jinping, la disputa permanece en una fase de tregua frágil. Organismos internacionales advierten que el conflicto sigue afectando el crecimiento económico global y encareciendo las cadenas de suministro.

La Casa Blanca también ha utilizado los aranceles como un mecanismo de presión política, vinculándolos a temas como el tráfico de fentanilo, la compra de petróleo ruso o disputas judiciales en otros países. Si bien algunos castigos han sido retirados, el impacto interno persiste.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció recientemente que los aranceles han contribuido al aumento sostenido de la inflación, que se mantiene cerca del 3 %, afectando directamente el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Ante el encarecimiento de productos básicos, el gobierno de Trump ha comenzado a flexibilizar aranceles a alimentos provenientes de países latinoamericanos considerados aliados, como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, en un intento por contener los precios en la canasta básica.

El aumento del costo de vida se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para los votantes, especialmente de cara a las elecciones de medio mandato programadas para noviembre del próximo año.

A este escenario se suma un posible frente legal. El Tribunal Supremo podría revisar la legalidad de varios aranceles impuestos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. De declararse ilegales, el gobierno estadounidense tendría que reembolsar a exportadores montos que podrían oscilar entre los 140 mil millones y hasta un billón de dólares.

Lo que inició como una apuesta de fortaleza económica, hoy representa uno de los mayores desafíos políticos y económicos para la administración Trump.