La muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis, ha abierto un debate legal sobre los alcances reales de la inmunidad de los agentes federales, luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asegurara que el elemento involucrado no puede ser procesado penalmente.

De acuerdo con Vance, el agente identificado como Jonathan Ross estaría protegido por una supuesta “inmunidad absoluta” al encontrarse en funciones durante una operación federal. Sin embargo, especialistas en derecho y autoridades locales han desmentido esta interpretación, al señalar que dicha figura no existe para los agentes federales.

Emmanuel Mauleón, profesor de derecho policial en la Universidad de Minnesota, explicó que los elementos federales no cuentan con inmunidad total y que sus acciones pueden ser evaluadas bajo la ley si se determina que el uso de la fuerza fue excesivo o injustificado. Precisó que la llamada “inmunidad de supremacía” solo aplica cuando el agente actúa dentro de los límites legales y de manera proporcional.

La versión oficial del Gobierno federal sostiene que el agente disparó en defensa propia, argumentando que la víctima intentó atropellarlo con su vehículo. No obstante, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, rechazó que exista protección automática para el agente y subrayó que el caso puede derivar en cargos estatales o federales, dependiendo de los resultados de la investigación.

Mauleón detalló que, si se concluye que el uso de fuerza letal violó la Cuarta Enmienda —que protege contra acciones policiales irrazonables—, el agente podría enfrentar acusaciones que van desde homicidio involuntario hasta cargos más graves, además de posibles delitos federales por privación de derechos constitucionales.

El caso ha sido comparado por especialistas con el asesinato de George Floyd en 2020, también ocurrido en Mineápolis, que derivó en la condena del exagente Derek Chauvin tanto en tribunales estatales como federales, así como en sentencias contra otros oficiales por no intervenir.

Actualmente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabeza la indagatoria, lo que ha generado inconformidad entre autoridades estatales y municipales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde Jacob Frey han denunciado falta de acceso a la información del caso y han expresado su preocupación por la transparencia del proceso.

Ante esta situación, la fiscalía local habilitó canales formales para que ciudadanos entreguen videos y pruebas relacionadas con el incidente, mientras crece la inquietud por posibles interferencias políticas en una investigación que aún se encuentra en etapa preliminar.