Ante una escalada de violencia atribuida a pandillas, el Gobierno de Guatemala puso en marcha un régimen de excepción por un periodo de 30 días, luego de una jornada marcada por motines en centros penitenciarios y agresiones directas contra fuerzas de seguridad.

La decisión fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo, quien sostuvo que la medida busca recuperar el control del sistema penitenciario y frenar las acciones de grupos criminales que, en los últimos días, protagonizaron disturbios y ataques armados en distintos puntos del país.

Los hechos se originaron en varias cárceles, donde internos vinculados a pandillas se amotinaron tras el endurecimiento de controles y restricciones. La tensión se trasladó posteriormente al exterior de los penales, con emboscadas y agresiones contra agentes de la Policía Nacional Civil, que derivaron en la muerte de varios uniformados y dejaron otros heridos.

El régimen de excepción contempla la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales, así como la intervención del Ejército en labores de seguridad pública, en coordinación con la policía. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan contener la violencia y desarticular estructuras criminales activas dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Como parte de las medidas, el Ejecutivo decretó días de duelo nacional por los agentes fallecidos y dispuso la suspensión de actividades escolares en zonas específicas, mientras se desarrollan los operativos de seguridad.

La declaratoria deberá ser evaluada por el Congreso guatemalteco, que definirá su ratificación en medio de un debate sobre su impacto en los derechos civiles y su efectividad frente al crimen organizado.