La bomba la soltó Trump en su plataforma Truth Social, reaccionando con indignación a un informe del The New York Times que sugería que su gobierno había bajado la bola, retirando una demanda inicial de 200 millones. "Completamente erróneo", sentenció el mandatario. Minutos después, llegaba la réplica contundente: "Ahora exigimos MIL MILLONES en daños. Y no queremos saber nada más con Harvard en el futuro". El mensaje, cargado de desprecio, incluía un nuevo ataque personal contra la cúpula directiva de la universidad.

Este enfrentamiento no es nuevo. Hunde sus raíces en los primeros días del segundo mandato de Trump, cuando el Departamento de Educación, bajo sus órdenes, congeló de un plumazo más de 2.000 millones de dólares en ayudas federales destinadas a Harvard. La acusación fue grave: fomentar un ambiente antisemita y practicar una "discriminación positiva" que, según el informe de un grupo de trabajo creado ad hoc, sofocaba la "diversidad de ideas".

Harvard, junto a otras universidades en la mira, llevó el caso a los tribunales y ganó. Los jueces restablecieron la financiación. Pero para Trump, aquello no fue el final, sino el inicio de una cruzada personal. Lo que empezó como una disputa administrativa se transformó en una persecución judicial y política, incluyendo un intento fallido de vetar la entrada de estudiantes internacionales, otra medida bloqueada por un juez.

Lo que distingue a este nuevo capítulo es el lenguaje, notablemente más agresivo. Trump ya no habla solo de sanciones económicas o supervisión. En sus publicaciones, sugiere abiertamente que las acciones de Harvard son delictivas. "Debería ser un caso penal, no civil", afirmó, asegurando que la universidad "tendrá que asumir las consecuencias de sus fechorías".

Entre líneas, late una advertencia de hierro: el grueso de la investigación científica puntera de Harvard desde la medicina a la tecnología se nutre de fondos federales. Trump deja claro que tiene la llave de esa caja. "Su actividad depende de nuestra financiación", vino a recordar.

Mientras los mensajes de Trump reverberaban en la capital, en el campus de Cambridge, Massachusetts, reinaba un silencio elocuente. Harvard no ha reaccionado oficialmente a la exigencia del billón de dólares. Fuentes cercanas a la junta directiva indican que su postura sigue siendo de "resistencia jurídica y principios". La universidad siempre ha negado las acusaciones de antisemitismo y defiende su autonomía para diseñar políticas de admisión.

Analistas políticos ven en esta escalada algo más que una riña legal. "Es el frente cultural de la administración Trump materializado en un blanco de élite: la universidad liberal por excelencia", explica una profesora de ciencia política de Georgetown que pidió no ser identificada. "No se trata solo del dinero. Se trata de un mensaje de poder y de marcar un precedente contra lo que ellos llaman el establishment".

La viabilidad de cobrar semejante indemnización es, para muchos expertos legales, prácticamente nula. Pero el objetivo real podría ser otro: envenenar la relación por años, desgastar a la institución con litigios y mandar un aviso a todo el sector educativo. La guerra entre Trump y Harvard acaba de entrar en una nueva y peligrosa fase, donde las palabras son tan armas como las demandas.