La administración del presidente Donald Trump informó la detención de 379 mil migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, de acuerdo con datos presentados por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, durante una comparecencia ante el Congreso.

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Durante su intervención, Lyons detalló que entre las personas arrestadas se encuentran más de siete mil presuntos pandilleros y más de mil 400 individuos identificados como terroristas conocidos o presuntos. El funcionario subrayó que la agencia “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

La comparecencia en la Cámara de Representantes ocurre en un contexto de alta tensión para la política migratoria del gobierno federal. En días recientes, la administración ha intentado reducir la presión social derivada de las redadas en Minnesota, luego de la indignación ciudadana provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales.

🚨 JUST IN: ICE Director Todd Lyons says ICE has arrested OVER 7,000 gang members, and 1,400 known or suspected terrorists

But for some reason, Democrats are SUPER pissed off about it.

They want these people back on the streets.

Ain’t happening! ICE is here to stay. pic.twitter.com/m0kkVXb48S

— Nick Sortor (@nicksortor) February 10, 2026

En paralelo, legisladores demócratas han reiterado su negativa a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si no se modifican algunos de los puntos más controvertidos de las políticas de control migratorio. Entre sus demandas se encuentran que los agentes solo puedan ingresar a viviendas con una orden firmada por un juez, así como la prohibición o limitación del uso de máscaras o cubrimientos faciales durante los operativos.

De no alcanzarse un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el Departamento de Seguridad Nacional podría entrar en un cierre administrativo, lo que implicaría la suspensión parcial de operaciones federales relacionadas con seguridad y migración.