La gestión migratoria de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrenta una nueva embestida política. Más de 50 organizaciones civiles en Estados Unidos solicitaron formalmente a la Cámara de Representantes iniciar un proceso de juicio político en su contra, al considerar que su desempeño al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha derivado en graves abusos y violaciones constitucionales.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y a otros líderes legislativos, los colectivos —entre ellos Voto Latino, Freedom for Immigrants, Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project— acusan a Noem de promover una estrategia migratoria “imprudente y violenta” que, aseguran, debilita el Estado de derecho.

La petición retoma la iniciativa presentada en enero por la congresista Robin Kelly, quien propuso someter a la funcionaria a un proceso por “altos crímenes y faltas menores”. Según las organizaciones, 187 legisladores ya respaldan esa propuesta.

Uno de los episodios que detonó mayor indignación ocurrió el mes pasado en Minnesota, donde agentes migratorios abatieron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. Los grupos firmantes sostienen que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que incluye el uso excesivo de la fuerza en operativos y protestas. Desde julio de 2025, señalan, se han registrado 14 personas baleadas en acciones vinculadas al DHS, incluyendo cuatro ciudadanos estadounidenses y tres muertes.

Las críticas también apuntan a restricciones impuestas a congresistas para supervisar centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que califican como obstrucción al Congreso. Además, denuncian detenciones que habrían ignorado órdenes judiciales, afectado a ciudadanos estadounidenses y vulnerado derechos de comunidades indígenas.

Otro caso que generó controversia nacional fue la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años en Minnesota, durante un operativo migratorio. Para los colectivos, este tipo de acciones evidencian una política que no distingue edades ni circunstancias.

Las organizaciones también cuestionan el manejo interno del DHS en materia de derechos civiles y recuerdan que en una audiencia legislativa de 2025, Noem mostró desconocimiento sobre el principio de “habeas corpus”, una garantía constitucional contra detenciones arbitrarias.

En su llamado al Congreso, los grupos sostienen que la secretaria ha socavado la misión del DHS y debilitado los mecanismos de supervisión de derechos civiles dentro de la agencia. “El Congreso debe actuar antes de que más vidas se vean afectadas”, concluye la misiva.

El debate ahora queda en manos de la Cámara de Representantes, donde el respaldo a la iniciativa podría convertir la presión civil en un proceso político formal.