Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump facilitar el regreso de 137 migrantes venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), en El Salvador, al considerar que fueron privados del debido proceso.

El magistrado James Boasberg resolvió que la administración federal “privó claramente” a los migrantes de la notificación y la oportunidad de impugnar su expulsión, derechos consagrados en la Constitución estadounidense. Por ello, instruyó al Gobierno a remediar la situación y garantizar que puedan presentar recursos de hábeas corpus para desafiar su deportación.

🚨JUST IN🚨

U.S. District Judge James Boasberg has ordered the Trump administration to facilitate the return of more than 100 illegal Venezuelan men.

These illegals were deported last year.

The court claims they were deported without notice or an opportunity for a hearing—or… pic.twitter.com/GvDUiyHSp3

— Breanna Morello (@BreannaMorello) February 12, 2026

La resolución establece que el retorno podrá realizarse de manera individual o mediante vuelos hacia un puerto de entrada en Estados Unidos, donde los migrantes quedarían nuevamente bajo custodia de autoridades migratorias mientras se revisan sus casos. Además, el juez ordenó que el Gobierno asuma los costos del traslado, al considerar que la situación no se habría producido si se hubieran respetado sus derechos desde el inicio.

Boasberg dio plazo hasta el 13 de marzo para que la administración presente un informe detallando cómo y cuándo facilitará el retorno de los venezolanos que deseen regresar desde un tercer país. El fallo excluye de la obligación inmediata de retorno a quienes actualmente se encuentren en Venezuela, al señalar que la situación en ese país podría generar implicaciones diplomáticas, aunque mantiene para ellos la posibilidad de promover recursos legales desde el extranjero.

La deportación ocurrió el 15 de marzo de 2025 y se sustentó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma utilizada históricamente en tiempos de guerra. El Gobierno argumentó que los detenidos pertenecían a las pandillas Tren de Aragua y MS-13 y que representaban una “invasión”, aunque, según el fallo, no presentó pruebas concluyentes de dichas acusaciones.

MAJOR BREAKING: Federal Judge Boasberg just ordered Trump to facilitate the return of 137 different Venezuelan men he had deported to El Salvador to the CECOT prison.

Trump's illegal actions are constantly being pushed back on by the US Judicial system. The only thing saving… pic.twitter.com/4DrfhUNkSV

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 12, 2026

El juez también recordó que en marzo pasado ordenó que los aviones que trasladaban a más de 200 migrantes regresaran a Estados Unidos, instrucción que no fue acatada y que derivó en acusaciones de desacato contra el Gobierno. Posteriormente, varios de los deportados fueron enviados a Venezuela tras un intercambio de prisioneros.

En su opinión de siete páginas, Boasberg citó el caso de Kilmar Ábrego García, otro migrante deportado al Cecot cuyo retorno fue ordenado por tribunales al determinarse que su expulsión fue ilegal. El magistrado subrayó que, aun cuando algunos de los venezolanos fueron liberados en Venezuela, su derecho a impugnar la deportación no desaparece por haber sido trasladados fuera del país.

El fallo advierte que el Gobierno no presentó alternativas suficientes para corregir el daño y recalca que el remedio adecuado es brindar a los afectados el proceso legal que debieron recibir antes de ser expulsados.