El proceso judicial contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó suspendido luego de que un tribunal lo declarara en rebeldía por no presentarse a la audiencia inicial del caso que enfrenta por presunta trata agravada de personas.

La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Tarija, donde las autoridades judiciales determinaron emitir una orden de aprehensión y restricciones para impedir que el exmandatario salga del país, tras su ausencia y la de su equipo legal.

El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, informó que el juicio permanecerá detenido hasta que Morales comparezca voluntariamente ante la justicia o sea presentado por la fuerza pública. Precisó además que la ejecución de la orden de captura corresponde exclusivamente a la Policía boliviana.

La Fiscalía señaló que los abogados del exgobernante no entregaron documentación que justificara su inasistencia, por lo que el tribunal optó por asignarle defensa pública durante la audiencia.

Sin embargo, uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez, sostuvo que el exmandatario no fue notificado personalmente, sino mediante un edicto judicial, situación que afirmó representa una irregularidad en el proceso. También aseguró que el caso tiene tintes políticos debido al contexto de protestas sociales que atraviesa el país.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, considerada uno de sus principales bastiones políticos, donde permanece resguardado por simpatizantes que han impedido en distintas ocasiones el ingreso de autoridades para ejecutar órdenes judiciales en su contra.

La investigación en su contra está relacionada con una presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente habría tenido una hija durante su mandato presidencial en 2016.

La Fiscalía de Tarija sostiene que cuenta con más de 170 elementos de prueba y decenas de testimonios para sustentar la acusación formal presentada contra el exmandatario boliviano.