Los estados de la República invierten en promedio sólo 5 mil 925 pesos anuales en la búsqueda de cada persona desaparecida. 

Dicha cifra representa apenas el 0.02% del presupuesto que las entidades destinan a las comisiones de búsqueda locales. Esto a pesar de que en nuestro país hay más de 113 mil personas desaparecidas y no localizadas. 

Los bajos presupuestos asignados reflejan sólo una parte de las limitaciones que tienen las comisiones estatales para localizar a las víctimas. 

Según las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva, esos organismos locales también se enfrentan a pocas garantías para la asignación de un presupuesto fijo de operación. De hecho, Veracruz es el único de los 32 estados que contempla en sus leyes un porcentaje específico de sus recursos locales para la búsqueda de personas.

Ante este panorama, Elementa DDHH y Política Colectiva destacaron la necesidad de que los gobiernos estatales adquieran la obligación y responsabilidad para invertir sus propios recursos en la búsqueda de personas. 

También señalaron que es importante reforzar la rendición de cuentas para saber si los recursos y programas estatales están teniendo un impacto positivo en la localización de víctimas.