La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, anunció que presentarán un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán. La acción se fundamenta en la consideración de que el ministro se extralimitó en sus funciones al emitir un voto de calidad como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, derribando así la reforma eléctrica respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alavez destacó que acelerarán las reformas destinadas a regular la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de eliminar el "voto de calidad" que consideran fue "tramposamente usado". La legisladora expresó su preocupación por lo que considera un atropello a la soberanía legislativa y la división de poderes.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, enfatizó la importancia del respeto entre poderes y lamentó lo ocurrido como un menoscabo al Estado de derecho. Mier señaló que acciones como estas generan una división entre los poderes y recordó casos en los que leyes emitidas por la Cámara de Diputados han sido revocadas por el Poder Judicial.

Legisladores de Morena denunciaron la actuación de dos ministros como un atropello tras el revés a la ley eléctrica. Ignacio Mier indicó que incurrieron en una violación de su propia ley y actuaron de manera sectaria con premeditación en contra de una ley aprobada en la Cámara de Diputados.

Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de los puntos constitucionales, señaló que la acción de los ministros implica una sanción administrativa y política. La legisladora Aleida Alavéz expresó su indignación ante lo que consideran un atropello por parte del Poder Judicial, y Juan Ramiro Robledo destacó la violación al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte de los ministros.

Los legisladores subrayaron que la violación de la Constitución y de leyes fundamentales implica una responsabilidad administrativa y política, según el artículo 110, segundo párrafo de la Constitución, que establece que ministros y otras autoridades importantes de la Federación mexicana son políticamente responsables por violar la Constitución o leyes fundamentales.