El clima político en Tamaulipas se ha vuelto cada vez más tenso debido al aumento de crímenes contra políticos en la región.

 En respuesta a esta situación, veintiséis candidatos han levantado sus voces exigiendo seguridad para poder llevar a cabo sus actividades de proselitismo durante las elecciones del 2024.

Según datos proporcionados por el Instituto Electoral de Tamaulipas, estas solicitudes de protección abarcan 14 de los 43 municipios del estado, así como cuatro de los 22 distritos electorales locales.

 Tanto candidatas como candidatos han expresado su necesidad de resguardo ante posibles amenazas, sumando un total de 13 mujeres y 13 hombres que buscan garantizar su integridad.

Ante esta situación, el Instituto Electoral ha gestionando las solicitudes de protección ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Sin embargo, estas medidas han generado controversia, especialmente por parte de la Consejería Jurídica del gobierno estatal.

La titular de la Consejería Jurídica, Tania Contreras López, ha criticado las acciones del Partido Acción Nacional, clasificándolas de tendenciosas, especialmente la denuncia interpuesta contra el gobernador Américo Villarreal Anaya por supuesta omisión en la protección de los candidatos. 

Contreras López ha argumentado que los delitos imputados al mandatario carecen de fundamento y ha destacado que la administración estatal ofreció protección al candidato Noé Ramos Ferretiz, quien fue asesinado, desencadenando un aumento en las solicitudes de seguridad.