Después de un mes de procedimientos legales, una jueza federal ordenó esta madrugada la liberación provisional de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. La juez Raquel Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, tomó la decisión de dejar en libertad a los exintegrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero, bajo la condición de pagar una fianza de 100 mil pesos.

A pesar de que la Guardia Nacional había señalado un alto riesgo de fuga, la juez Duarte Cedillo optó por cambiar la medida cautelar de los acusados, argumentando que la prisión preventiva no era adecuada, necesaria ni proporcional en este caso. Además del pago de la fianza, se impuso a los militares la obligación de firmar en el juzgado los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y abstenerse de salir del país o acercarse a víctimas o testigos del caso.

Los militares beneficiados con esta medida son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz. Se espera que, una vez cubierta la fianza, abandonen el Campo Militar Número 1 en las próximas horas.

Esta no es la primera vez que estos militares obtienen su libertad provisional; sin embargo, en esta ocasión enfrentan dos procesos, uno por desaparición forzada y otro por delincuencia organizada. A pesar de haber sido liberados anteriormente con medidas similares, su libertad fue breve, ya que fueron reaprehendidos el 1 de enero por el último cargo.

El proceso legal ha sido largo y complejo, con múltiples audiencias y evaluaciones de riesgos. A pesar de las objeciones de la Guardia Nacional, la juez Duarte Cedillo autorizó la intervención de peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes argumentaron que no existía riesgo de fuga por parte de los militares. Sin embargo, la Guardia Nacional advirtió que los acusados no habían cumplido con las medidas cautelares impuestas anteriormente, lo que generó dudas sobre su disposición a cumplir con las condiciones de su libertad provisional.