La reforma modifica varios artículos de la Constitución para otorgar a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos, antes reservada para el Ministerio Público y las policías civiles.

La Guardia Nacional será conformada por personal militar con formación policial y dependerá de la Sedena para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Ricardo Anaya criticó la militarización, señalando el aumento de homicidios desde el sexenio de Vicente Fox y la baja efectividad de la Guardia Nacional en detenciones.

Citlalli Hernández defendió la reforma afirmando que no vulnera derechos, y Omar García Harfuch comparó la Guardia Nacional con cuerpos policiales internacionales.

La oposición, liderada por Marko Cortés, criticó la militarización, acusando al gobierno de López Obrador de aumentar las ejecuciones y sugiriendo una transición hacia una policía civil.

Cortés también acusó a Morena de "comprar" votos para aprobar la reforma, proponiendo una transición a una policía civil con estándares internacionales.

La reforma fue aprobada y enviada a los congresos estatales, generando debate sobre el futuro de la militarización en México.

La reforma formaliza el mando militar de la Guardia Nacional, alineándose con los deseos de López Obrador desde su creación en 2019.

Con información de El Universal.