La reciente modificación al artículo 3ro de la Constitución de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial, busca homologar el principio de propiedad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Sin embargo, esta reforma ha generado inquietud en el sector inmobiliario. Diego Garrido, vicecoordinador de los diputados del PAN, advirtió sobre los riesgos que conllevaría la incorporación de conceptos como la propiedad pública y social, los cuales podrían amenazar la certeza jurídica sobre el patrimonio privado.

A pesar de estas preocupaciones, Garrido destacó que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el PAN, impuso salvaguardas para garantizar la protección de la propiedad privada. Esto se logró al eliminar la propuesta oficialista que incluía dichos conceptos en la redacción de la Constitución local.

Durante el Foro 351 de la plataforma Tiburones Inmobiliarios, los participantes discutieron la creciente desconfianza entre inversionistas y desarrolladores debido a esta modificación. José Antonio Manzanero, notario público y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, explicó que si bien no ha habido cambios inmediatos que afecten la propiedad privada, existe preocupación ante posibles futuras reformas al artículo 27 constitucional que puedan poner en riesgo las inversiones.

Antonio Hánna Grayeb, director general de HANNA Inmobiliaria, coincidió en que el verdadero peligro radica en la incertidumbre que estos ajustes generan, sumado a la reciente reforma en materia de rentas en la CDMX. Esta reforma establece que los alquileres no pueden aumentar más que la inflación y obliga a registrar los contratos de arrendamiento en una plataforma gubernamental, lo que ha añadido presión a un mercado ya vigilante de los cambios legislativos.

Aunque las modificaciones actuales no impactan directamente la propiedad privada, el temor a futuras reformas obliga a los actores del sector a mantenerse alerta para proteger sus inversiones ante cualquier cambio que comprometa la seguridad jurídica.