Redacción | Baja News

El jueves pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 486 votos a favor y una abstención un paquete de reformas a la Ley del Seguro Social (LSS) para establecer que toda persona que contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (Caceh), no pudo esperar a que la presidenta en turno de la Mesa Directiva, la diputada Karla Yuritzi Almazán (Morena), terminara de decir: “Aprobado en lo general y en lo particular” y gritó “¡Justicia, justicia!

México es el segundo país con más empleadas del hogar en el continente, con casi 2.3 millones de personas dedicadas a esa ocupación, 92% mujeres y 8% hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La reforma, que ya fue avalada por el Senado en marzo pasado, adiciona el capítulo XI a la LSS, dedicado a las personas empleadas del hogar. Al contar con seguridad social, las trabajadoras pueden acudir a consultas médicas en las clínicas del IMSS y recibir medicamento gratuito ellas y sus familias, pero no es sólo eso.

El seguro de invalidez y vida les garantiza una pensión para la trabajadora en caso de que por un accidente ya no pueda seguir laborando o, si fallece, le deja una pensión a su familia. En 2019, las trabajadoras del hogar organizadas lograron una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde el Congreso les reconoció derechos laborales básicos como una jornada de ocho horas, vacaciones, aguinaldo y seguridad social obligatoria.

El Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) había pedido eliminar el artículo 239-B de la redacción propuesta para la LSS, el cual señala que quienes lleven a cabo esta labor “de manera esporádica” no serán consideradas empleadas del hogar.

Según el Sinactraho, esto afectará a las mujeres que no pueden conseguir a más de una persona o familia que requiera sus servicios. También ha demandado que no sea requisito el salario base de cotización, pues a muchas trabajadoras les pagan menos de un salario mínimo, principalmente quienes viven en los estados del país.