El ministro de la Suprema Corte que lleva la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el presupuesto de la revocación de mandato cambió su criterio: decidió concederle al órgano electoral una suspensión para que organice el ejercicio lo mejor posible con el dinero que tiene (por ejemplo, con menos casillas) y sin posibilidad de sancionar por ello a los integrantes del Consejo General. 

El máximo tribunal notificó que el INE “lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.

La medida concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. 

Los consejeros del INE solicitaron esta protección porque la ley ordena que la revocación sea igual a una elección presidencial, pero no tienen el dinero que se gasta en comicios de este calibre, ya que el Congreso no les asignó la partida presupuestal.

En el juicio, se anota que el representante de Morena ante el INE intentó ser reconocido como parte, mediante un recurso de amicus curiae, pero la Corte rechazó su solicitud porque “no tiene reconocida personalidad alguna para intervenir en la presente controversia constitucional, al no ser un sujeto legitimado”.