El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentra prófugo de la justicia tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación central en su contra es el desvío de recursos destinados al sector salud y educación para la construcción de cuarteles policiales a precios excesivos.

Según el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el fraude involucra pagos por hasta 980 millones de pesos por un solo cuartel, mientras que uno de la Guardia Nacional con características similares no supera los 200 millones de pesos. En total, durante la administración de Aureoles se destinaron 5,186 millones de pesos para la construcción de siete cuarteles, de los cuales 3,425 millones fueron erogados en arrendamiento y 1,760 millones en la compra final de los inmuebles.

Ramírez Bedolla señaló que estos fondos originalmente estaban etiquetados para la compra de medicamentos, el pago de maestros y otros sectores prioritarios, pero fueron redirigidos ilegalmente para financiar estos proyectos. Además, cada cuartel incluía una Casa de Gobierno con habitaciones y salas exclusivas para la estancia del exgobernador.

Desde febrero de 2022, el gobierno de Michoacán presentó denuncias ante la FGR por estas irregularidades. Actualmente, las investigaciones se han extendido a varios puntos del país en busca de Aureoles, quien sigue sin presentarse ante la justicia.

Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría de Michoacán, calificó la construcción de estos cuarteles como el "sello de corrupción" del exgobernador, al considerar que fueron diseñados no solo para beneficiar económicamente a un grupo selecto, sino también para servir como residencias temporales para Aureoles.

Otro punto de controversia es el grupo de escoltas que protegía al exgobernador, compuesto por 32 elementos. Este grupo de seguridad ha sido señalado en diversas denuncias por presuntos excesos y desvío de recursos públicos.

El caso de Silvano Aureoles continúa abierto y la FGR mantiene la investigación en curso. Mientras tanto, el gobierno de Michoacán reitera su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.