La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes una ambiciosa reforma que permitiría al gobierno federal acceder a todos los datos biométricos y bases de datos del país —incluyendo registros financieros, de salud, telecomunicaciones e incluso religiosos— con el objetivo de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.

La propuesta, enviada al Senado, plantea la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integraría sistemas públicos y privados para rastrear desaparecidos. Según el proyecto, fiscalías, fuerzas armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrían acceso a esta información, bajo el argumento de que no violaría la protección de datos personales.

¿Qué incluye la plataforma?

• Registros del INE, sector salud y patronales.

• Bases de datos de empresas de transporte, telecomunicaciones y servicios financieros.

• Datos forenses y carpetas de investigación.

El gobierno asegura que la medida es clave para combatir la impunidad y priorizar la paz, pero expertos en derechos digitales advierten riesgos de vigilancia masiva. "El acceso a información sensible sin controles claros podría abrir la puerta a abusos", señaló un analista consultado por este medio.

La reforma también contempla:

• Sanciones más severas por desaparición forzada.

• La creación de una Carpeta Nacional de Personas Desaparecidas.

• Obligatoriedad de pruebas genéticas y dactilares en cuerpos no identificados.

En un comunicado, el Senado destacó que la iniciativa busca "eficientar la búsqueda desde las primeras horas", aunque organizaciones civiles exigen garantías para evitar el uso político de los datos.

Mientras el debate inicia en el Congreso, la iniciativa marca un precedente en la relación entre seguridad nacional y privacidad en México.