El Gobierno de México rechazó categóricamente las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que sugirieron la existencia de una práctica sistemática de desapariciones forzadas por parte del Estado. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que México "no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado" y reiteraron su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la violencia.

El pronunciamiento se dio después de que el CED, en su 28° periodo de sesiones, emitiera medidas cautelares contra México y anunciara que analizará si el fenómeno de las desapariciones en el país debe llevarse ante la Asamblea General de la ONU. El Comité basa su decisión en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual México es parte.

El Gobierno mexicano aseguró que mantiene una cooperación sostenida con el CED desde 2014 y que, una vez recibida la solicitud formal, analizará su contenido para compartir información sobre las acciones implementadas para combatir este delito. Además, reiteró su disposición a seguir respondiendo a las solicitudes de información del Comité mediante informes periódicos y mecanismos de seguimiento.

Tarjeta Informativa conjunta Gobernación-Relaciones Exteriores.https://t.co/XmkTxRBbM5 pic.twitter.com/L1iLCKOvLR

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 6, 2025

La tensión aumentó tras el reciente hallazgo de un presunto campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, donde se investigan posibles desapariciones forzadas. Organizaciones civiles y familiares de víctimas han exigido mayor participación en las estrategias gubernamentales, mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 120,000 casos acumulados en México, con 6,500 nuevos registros desde que asumió el gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024.

El presidente del CED, Olivier De Frouville, sostuvo que hay indicios de que las desapariciones forzadas en México podrían ser "generalizadas o sistemáticas", lo que motivó la activación del procedimiento internacional. Sin embargo, el Gobierno mexicano insiste en que no hay pruebas de tal política de Estado y que trabaja en medidas contundentes para enfrentar el problema.

México seguirá en diálogo con la ONU, pero rechaza cualquier señalamiento que cuestione su compromiso con los derechos humanos.