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Sheinbaum exige justicia por empresario asesinado en Nuevo León y ordena investigar red de extorsión

NACIONAL

10-04-2025


Foto: Web

Foto: Web

Redacción BajaNewsMx
Editorial bajanews.mx| BajaNews
Publicado: 10-04-2025 09:59:04 PDT

El empresario de 52 años fue asesinado el martes 8 de abril mientras conducía su vehículo en San Nicolás de los Garza

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó este miércoles una investigación a fondo sobre posibles actos de extorsión en Nuevo León, tras el asesinato de Julio Luna Rodríguez, propietario de la cadena de Tacos del Julio, quien había denunciado presiones por parte de funcionarios locales antes de ser acribillado.

 

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que este tipo de delitos deben ser castigados con severidad, sobre todo cuando están involucradas autoridades. “La extorsión no solamente es un delito grave, sino que, cuando proviene de funcionarios, debería ser doblemente sancionada. Tiene que aplicarse todo el peso de la ley”, sentenció Sheinbaum.

 

El empresario de 52 años fue asesinado el martes 8 de abril mientras conducía su vehículo en San Nicolás de los Garza. En la escena del crimen se hallaron 16 casquillos percutidos: siete de arma corta y nueve de arma larga, lo que indica un ataque directo y coordinado.

 

Julio Luna había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León por presunta extorsión. Señaló que autoridades intentaban cobrarle 80 mil pesos bajo el argumento de que vendía alcohol en su establecimiento, una acusación que él negó rotundamente.

 

En respuesta, Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar estrechamente con la fiscalía estatal para esclarecer los hechos. “Le pido a Seguridad Pública que investigue a fondo y se coordine con la Fiscalía del estado”, expresó.

 

Por su parte, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que Luna Rodríguez fue llamado en dos ocasiones para ampliar su denuncia, pero no acudió. El caso ha generado conmoción en el estado y ha puesto bajo la lupa la posible existencia de redes de corrupción dentro del aparato gubernamental local.

 

El asesinato ha revivido el debate sobre la seguridad de los empresarios en el norte del país y la necesidad de proteger a quienes se atreven a denunciar actos ilícitos cometidos por autoridades.