Avanza en el Senado polémica Ley de Telecomunicaciones; opositores acusan intento de censura
NACIONAL
24-04-2025
Foto: Web
Publicado: 24-04-2025 14:30:43 PDT
Con 29 votos a favor de Morena y sus aliados, y 9 en contra de la oposición, el dictamen será votado en el pleno el próximo lunes
Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron este jueves el dictamen para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 29 votos a favor de Morena y sus aliados, y 9 en contra de la oposición, el dictamen será votado en el pleno el próximo lunes.
La iniciativa contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia que asumirá las funciones regulatorias del sector. Según el oficialismo, esta reforma busca fortalecer la “soberanía comunicativa” del Estado mexicano. Sin embargo, la oposición sostiene que se trata de una ley que permitirá la censura y concentración de poder.
El dictamen, de 283 artículos, regula el uso del espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las concesiones por tipo de uso (comercial, público, privado y social), y establece lineamientos para el acceso a infraestructura y recursos orbitales.
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Destaca la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil, accesible a las autoridades conforme a criterios de la nueva agencia. Además, la ATDT tendrá la facultad de otorgar, modificar o revocar concesiones bajo criterios técnicos, jurídicos y sociales.
Tres artículos, el 201, 202 y 210, prohíben la transmisión de propaganda pagada o promovida por gobiernos extranjeros sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación. La medida incluye plataformas digitales y ha sido defendida por Morena como una herramienta para evitar la “injerencia mediática extranjera”.
El senador oficialista Aníbal Ostoa Ortega justificó estas restricciones señalando que buscan frenar mensajes como los anuncios antimigrantes promovidos por figuras estadounidenses, y afirmó que la nueva ley “es un acto de dignidad, soberanía y autodeterminación”.
El punto más polémico del dictamen es el Artículo 109, que permite a la ATDT bloquear plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial. La oposición,incluyendo al panista Ricardo Anaya y al priista Manuel Añorve, advirtió que esto representa un riesgo para la libertad de expresión y el acceso libre a internet, al otorgar a la agencia “el poder de decidir qué plataformas se bloquean y cuáles no”.
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Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que esta disposición convierte a la ATDT en juez y parte, pues será quien emita los lineamientos y quien aplique las sanciones.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y la International Chamber of Commerce México (ICC México) coincidieron en que la iniciativa viola compromisos del T-MEC y representa un retroceso en materia de competencia y regulación. Advirtieron que la concentración de funciones en un solo órgano regulador y la posibilidad de censura podrían afectar la operación de plataformas como TikTok, X o Facebook en el país.
Ambos organismos urgieron la realización de un parlamento abierto, que permita la participación de expertos, empresas, académicos y sociedad civil.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum rechazó que la ley promueva la censura. Aseguró que los cambios son principalmente administrativos, y negó que la Agencia pueda bloquear contenido por razones políticas. “La Agencia solo intervendrá en casos de seguridad, evasión fiscal o violación de leyes”, dijo, aunque admitió que algunos artículos podrían requerir una redacción más clara.
El dictamen pasará al pleno del Senado este lunes, donde aún podría ser modificado. No obstante, la mayoría oficialista podría garantizar su aprobación sin cambios sustanciales. La oposición ha advertido que, de aprobarse en sus términos actuales, acudirán a la Suprema Corte e incluso a tribunales internacionales por lo que consideran una violación a derechos fundamentales y tratados internacionales.
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