México enfrenta una grave crisis de desapariciones forzadas, con más de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos recabados por organizaciones civiles. Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad, el gobierno mexicano ha negado la existencia de este delito, ofendiendo así a las familias que, en su desesperación, han tenido que salir a buscar a sus seres queridos por su cuenta.

Así lo denunció Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, en entrevista con EFE, al recalcar que el problema de las desapariciones es "ineludible" y que las autoridades no solo fallan en prevenirlo, sino también en localizar a las víctimas.

Un problema sistémico y generalizado

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha calificado la situación en México como "sistemática y generalizada", una postura que el gobierno ha rechazado. Olivares subraya que, al hacerlo, las autoridades ignoran el dolor de las familias y la gravedad de una crisis que ha marcado al país durante décadas.

En su informe *'La situación de los Derechos Humanos en el Mundo' (2024-2025)*, AI señala que México arrastra violaciones estructurales a los derechos humanos desde hace más de 50 años, con patrones recurrentes como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Pero hoy, el tema más urgente es la desaparición forzada, un crimen que el Estado no ha logrado frenar.

Las familias, abandonadas en su búsqueda

A pesar de que en 2024 se reportaron 13,588 personas desaparecidas y solo en abril de este año se sumaron 1,050 casos nuevos, el Estado no garantiza la seguridad de sus ciudadanos ni busca activamente a los desaparecidos.

El reciente hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, un sitio vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación,  demostró que son los familiares quienes, ante la inacción oficial, arriesgan sus vidas para encontrar a sus seres queridos. Esta labor los expone a violencias extremas: al menos 29 buscadores han sido asesinados, cuatro de ellos solo en abril.

Falta de protección y reformas insuficientes

Olivares cuestionó las reformas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el descubrimiento en Jalisco, exigiendo que el Estado asuma su deber de búsqueda efectiva con personal capacitado. Además, advirtió que cualquier modificación a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada debe incluir protección real para los colectivos de búsqueda y rechazar intentos de reclasificar el delito para minimizar su gravedad.

Militarización: una estrategia fallida

El informe de AI también critica la estrategia de seguridad militarizada, vigente desde hace 17 años, por no reducir la violencia. "México es hoy un país mucho más peligroso", afirmó Olivares, rechazando el discurso oficial que insiste en normalizar la presencia castrense en tareas civiles.

Además, la organización alertó sobre la colaboración del gobierno mexicano con Donald Trump, cuyo enfoque antimigrante y antiderechos podría agravar la crisis humanitaria en la región.