La presidenta Claudia Sheinbaum, respaldó la permanencia de la figura de prisión preventiva oficiosa en el sistema de justicia mexicano, al considerar que es una herramienta indispensable ante el contexto de violencia e inseguridad que enfrenta el país. Esto, en respuesta al proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso una reinterpretación del uso automático de esta medida cautelar, alineada con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que, aunque el tema genera controversia, particularmente entre organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, la prisión preventiva oficiosa debe mantenerse para delitos graves como homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

“Pienso que es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver, incluso, con que el juez no ponga en riesgo su vida”, afirmó. Agregó que hay casos en los que dejar el criterio exclusivamente al juez podría generar vulnerabilidad, no solo para la víctima o la sociedad, sino también para los propios impartidores de justicia.

🔒 Sheinbaum defiende la prisión preventiva oficiosa ante inseguridad

En su conferencia matutina, la presidenta @Claudiashein respaldó la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, argumentando que es una medida necesaria ante la inseguridad y la presencia del crimen… pic.twitter.com/Zbc0ZV8JkG

— DIARIO AMANECER (@AMANECERDIARIO) June 19, 2025

La mandataria recordó que esta medida fue incorporada en 2019 a la Constitución con el objetivo de atender la gravedad de ciertos delitos, y señaló que los delitos contemplados ya están definidos legalmente, por lo que no deben depender de interpretaciones individuales.

Ante las críticas que acusan a esta figura de vulnerar la presunción de inocencia, Sheinbaum reconoció el debate, pero cuestionó que la oposición no ha ofrecido soluciones viables: “Toda la oposición está en contra, pero no han presentado ninguna alternativa real”.

Subrayó que la intención de su postura no es debilitar al Poder Judicial, sino fortalecer la impartición de justicia en un entorno en el que muchos jueces enfrentan amenazas y presiones constantes.