La organización Amnistía Internacional urgió este martes a las autoridades mexicanas a investigar y esclarecer el presunto hallazgo de una fosa común en el panteón municipal de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla, donde colectivos de familias reportaron la localización de al menos 60 cuerpos, entre ellos 10 bebés.

A través de un comunicado, la organización advirtió que este hecho, de confirmarse, podría constituir una grave violación a los derechos de las víctimas y sus familias, al comprometer su acceso a la verdad, justicia y reparación. Amnistía pidió a la Fiscalía General del Estado de Morelos continuar con las excavaciones, asegurar la participación de los colectivos de búsqueda e identificar los cuerpos recuperados respetando los derechos de las familias.

“Las fosas comunes no pueden seguir siendo sinónimo de impunidad. Las víctimas y sus familias merecen verdad y justicia”, señaló la organización internacional.

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Los restos fueron detectados por colectivos ciudadanos durante una nueva fase de búsqueda en la zona, la cuarta desde que se iniciaron los trabajos en 2017 tras la revelación de entierros irregulares en fosas comunes tanto en Jojutla como en la comunidad de Tetelcingo.

La Fiscalía de Morelos, por su parte, rechazó los señalamientos y aseguró que “la información carece de veracidad”. Indicó que se presentará un informe oficial esta misma semana, con los resultados de los trabajos realizados entre el 26 de mayo y el 19 de junio, suspendidos por causas climatológicas.

Entre 2015 y 2017, los colectivos evidenciaron que la Fiscalía estatal enterró cuerpos sin cumplir con protocolos de identificación ni documentación, muchos de ellos con signos de violencia. A la fecha, la autoridad no ha informado cuántos restos han sido plenamente identificados desde el inicio de las búsquedas.

México enfrenta una crisis forense y de desapariciones con más de 127 mil personas reportadas como no localizadas desde la década de 1950, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En este contexto, organismos y familiares insisten en que el Estado debe asumir su responsabilidad en los procesos de búsqueda, identificación y rendición de cuentas.