La Nueva Familia Michoacana estableció, durante al menos diez años, un esquema de control económico en distintas regiones del Estado de México que va mucho más allá del tráfico de drogas. A través de violencia, extorsión y acaparamiento de productos, el grupo delictivo logró dominar cadenas de suministro completas, de acuerdo con autoridades estatales.

El pasado 21 de julio, fuerzas de seguridad detuvieron a siete personas relacionadas con esta estructura criminal. Entre los arrestados se encontraba un empresario identificado como operador clave en el mercado del cemento, así como una regidora del municipio de Ixtapan de la Paz, señalada por sus presuntos vínculos con la organización.

Control de mercados

De acuerdo con el fiscal José Luis Cervantes Martínez, los líderes del grupo, crearon un sistema paralelo de comercialización. Este mecanismo obligaba a constructores, minoristas y consumidores a operar bajo condiciones impuestas y precios inflados

En los territorios bajo su dominio, los precios de productos básicos se disparaban. Un kilo de bistec, cuyo valor promedio es de 205 pesos, se vendía en 250. En el caso de materiales de construcción, como el millar de block, los costos pasaban de nueve mil pesos a más de 20 mil en negocios controlados por la organización.

La imposición no se limitaba a los precios. Comerciantes y clientes eran forzados a comprar únicamente en establecimientos bajo control de la red criminal. Quienes se negaban a cumplir las reglas enfrentaban amenazas de muerte, secuestros exprés o incluso la pérdida de sus bienes.

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Para afianzar su dominio, la Nueva Familia Michoacana operaba mediante “empresas fantasma” y falsos sindicatos, entre ellos el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva. A través de estas estructuras se extendieron a sectores como aluminio, acero, vidrio, madera, productos cárnicos y hasta servicios de mensajería y carga.

Además, el grupo imponía condiciones en el transporte de mercancías. Constructores y proveedores debían contratar vehículos controlados por la organización, pagando cuotas adicionales de hasta dos mil 500 pesos por cada traslado.

Las autoridades señalan que este esquema de extorsión y acaparamiento configuró un mercado paralelo que dañó la economía local durante años. Las recientes detenciones representan, según el fiscal, un paso importante para frenar el control que la Nueva Familia Michoacana ejercía sobre comunidades enteras en el Estado de México.