Vidulfo Rosales Sierra, el abogado que por casi una década fungió como representante legal de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización de la que fue pilar durante 24 años.

En una carta titulada "En otras trincheras de lucha", fechada el 19 de agosto y dirigida a organizaciones sociales y de derechos humanos, Rosales Sierra explicó que su decisión obedece a motivos personales y de salud. Destacó que la defensa del caso Ayotzinapa exige una "dedicación plena" que en este momento se lo dificulta su condición médica, y que al separarse de Tlachinollan perdería el respaldo institucional necesario para enfrentar las presiones y amenazas inherentes al caso.

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"Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos", escribió el litigante. No obstante, fue enfático al señalar: "Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad".

Desmiente vínculo formal con la SCJN

Aunque fuentes cercanas habían señalado que su renuncia estaba ligada a su incorporación como colaborador de Hugo Aguilar Ortiz, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Rosales Sierra lo desmintió en entrevista. Aclaró que, si bien mantiene un diálogo de respeto con Aguilar Ortiz —derivado de su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas—, "no existe una invitación formal" y su decisión de renunciar se tomó previamente y por razones únicas de salud y personales.

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Una trayectoria marcada por la defensa de los más vulnerables

Originario de la comunidad indígena de Totomixtlahuaca, en Guerrero, Vidulfo Rosales se forjó como defensor en Tlachinollan. Su labor no se limitó al caso Ayotzinapa; fue pieza clave en la defensa de emblemáticas luchas en la región, incluyendo el caso de Inés Fernández y Valentina Rosas, mujeres me'phaa violadas por militares en 2002, la defensa de los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota, y la representación de víctimas en el caso de los dos normalistas asesinados en la Autopista del Sol en 2011.

Su compromiso lo llevó a enfrentar graves riesgos. En 2012 tuvo que salir del país debido a amenazas de muerte, y en 2022 fue amenazado con acciones legales por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

El futuro del caso Ayotzinapa

Rosales describió su salida como un proceso "marcado por la tristeza y la consternación" tanto para él como para las familias. La defensa legal del colectivo "Nos Faltan 43" será retomada por el equipo jurídico completo del Centro Tlachinollan.

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El abogado confirmó que el próximo 3 de septiembre está prevista una reunión entre las familias, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República (FGR) para dar a conocer las nuevas líneas de acción en la investigación, la cual aún tiene como pendiente central el esclarecimiento del paradero de los estudiantes.

Vidulfo Rosales concluyó su carta reafirmando su inquebrantable compromiso de clase: "Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero... por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte".