El Senado de la República aprobó en sesión nocturna la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, y 39 en contra de los partidos de oposición. La votación se produjo tras un extenso debate sobre el alcance y consecuencias de las modificaciones a este instrumento jurídico.

La reforma, que reglamenta los artículos 103 y 107 constitucionales, fue presentada como una actualización necesaria para modernizar la justicia y eliminar usos indebidos del amparo, particularmente en materia de créditos fiscales. Los senadores oficialistas destacaron que la iniciativa incorpora herramientas digitales en los procesos, define con mayor precisión el interés legítimo y establece límites a las suspensiones en casos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Esta madrugada, la mayoría oficialista en el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que protege al gobierno y desampara a los ciudadanos. La minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados pic.twitter.com/ZqpCHGeUJz

— Pascal (@beltrandelrio) October 2, 2025

Sin embargo, el proceso legislativo fue cuestionado por la oposición, que consideró insuficientes los ajustes al texto original y criticó la rapidez con que se tramitó la iniciativa, aprobada en comisiones por la mañana y en el pleno durante la noche.

El punto que generó mayor controversia fue la incorporación de un artículo transitorio que establece que los juicios de amparo en trámite continuarán su proceso bajo las nuevas disposiciones. Los senadores opositores argumentaron que esto representa una aplicación retroactiva de la ley, mientras que los promotores de la reforma negaron tal carácter, señalando que se trata de dar certeza a procesos en curso.

Durante la discusión, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su preocupación por que la reforma limitaría la defensa de derechos colectivos y ambientales. En contraste, los senadores oficialistas enfatizaron que los cambios buscan evitar que el amparo sea utilizado para evadir impuestos o proteger intereses de delincuentes.

La reforma fue remitida al Ejecutivo para su publicación, culminando un proceso que ha generado posturas divergentes sobre el futuro de este instrumento de protección jurídica en México.