La inconformidad creciente entre transportistas y agricultores de Baja California escaló esta semana, luego de que representantes de ambos sectores denunciaran que la inseguridad en las carreteras federales y el rezago en trámites esenciales ya rebasaron los límites, afectando directamente la economía regional. El senador Gustavo Sánchez expresó su apoyo a las peticiones que hicieron llegar al Congreso, señalando que se trata de actividades estratégicas “hoy desatendidas por la autoridad”.

Transportistas explicaron que en los últimos meses se ha intensificado el robo de unidades, asaltos y agresiones en distintos tramos carreteros del país. Aseguran que los ataques no sólo dañan la carga, sino que ponen en riesgo la integridad de los operadores, mientras que las autoridades federales mantienen una respuesta insuficiente o nula.

Entre las principales quejas destacan la falta de vigilancia, la inexistencia de puntos seguros para descansar y la ausencia de castigos efectivos para los responsables. A ello se suman problemas administrativos que frenan la operación del sector: rezagos en la emisión de licencias, permisos y papeletas, además de cobros irregulares en retenes, carreteras y servicios auxiliares.

Una de las denuncias más reiteradas son los retenes falsos o ilegales, donde operadores aseguran ser víctimas de extorsión. También acusan revisiones arbitrarias de la Guardia Nacional y prácticas de corrupción en diversos puntos de control, por lo que exigen una estrategia integral para frenar el robo de carga, los “levantones” de operadores y otros delitos que se han vuelto recurrentes.

Los transportistas pidieron revisar los recortes al programa carretero contemplado en el proyecto presupuestal de 2026, pues consideran que la infraestructura deteriorada también contribuye a la inseguridad.

En el caso del sector agrícola, productores del Valle de Mexicali advirtieron sobre la pérdida de certeza jurídica en torno al agua y sus concesiones, lo que —dicen— amenaza inversiones y compromete la continuidad de la actividad agrícola. Exigen mejores precios para maíz y granos básicos, la exclusión de estos productos del T-MEC y la creación de una nueva banca de desarrollo enfocada en el campo. También rechazan la nueva Ley de Aguas, a la que atribuyen impactos directos en el valor de la tierra y en la transmisión de derechos de uso.

Sánchez aseguró que llevará estas inquietudes de vuelta al Senado y que insistirá en reactivar las mesas de diálogo con autoridades federales. Dijo que el gobierno debe presentar respuestas puntuales a los pliegos petitorios y atender lo que calificó como “una crisis evidente que golpea a quienes sostienen la movilidad de mercancías y la producción agrícola del país”.