En una sesión marcada por tensiones políticas y protestas campesinas a las afueras del recinto legislativo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. El dictamen, impulsado por la mayoría oficialista, redefine el manejo del agua en México y sienta las bases de un nuevo régimen hídrico que fortalece la rectoría del Estado.

La norma, que abroga buena parte de la antigua Ley de Aguas Nacionales, declara el agua como un bien público estratégico, limita la transmisión de concesiones entre particulares y refuerza el control gubernamental sobre pozos, reservas y uso del recurso. También establece sanciones más severas contra el uso ilegal y crea nuevos mecanismos de supervisión, con énfasis en el derecho humano al agua y la priorización de comunidades vulnerables.

Durante la discusión, legisladores afines al dictamen defendieron que la reforma busca corregir décadas de acaparamiento y “privilegios históricos” otorgados a grandes usuarios, además de ordenar un sistema de concesiones que consideran agotado y desigual. Aseguraron que la nueva arquitectura hídrica permitirá combatir la sobreexplotación de mantos acuíferos y garantizar acceso equitativo al recurso.

Sin embargo, la aprobación ocurrió mientras organizaciones de productores agrícolas en varios estados retomaban protestas y advertían que la ley podría poner en riesgo la viabilidad del campo mexicano. Sus principales preocupaciones se centran en la prohibición de transferir concesiones entre particulares, la eliminación de mecanismos de regularización y el temor de que la reforma derive en recortes abruptos a volúmenes de uso agrícola.

Campesinos consultados señalaron que las restricciones podrían afectar miles de hectáreas productivas en regiones donde el agua es indispensable para la subsistencia. Algunos líderes rurales calificaron la medida como “el golpe más severo al campo en décadas”.

A pesar del rechazo opositor y del clima de inquietud social, la mayoría legislativa defendió la urgencia de actualizar el marco legal y aseguró que la norma contiene salvaguardas para evitar afectaciones injustificadas. También anunciaron que, durante la discusión en lo particular, revisarán reservas relacionadas con sectores agrícolas y comunidades rurales.

Más de 500 reservas quedaron enlistadas para la sesión de análisis detallado, que determinará si la versión final de la ley mantiene intactos los candados establecidos o si incorpora ajustes a las preocupaciones de productores, usuarios industriales y gobiernos locales.

De ser ratificada sin cambios sustanciales, la Ley General de Aguas representará uno de los rediseños normativos más amplios en materia hídrica en el país desde la década de los noventa, con efectos inmediatos sobre la gestión del recurso y consecuencias de largo alcance para el campo mexicano, la industria y la vida urbana.