La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el libramiento de 61 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de una red de corrupción que operó durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública federal, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Las investigaciones señalan la participación de funcionarios, empresarios y familiares del exfuncionario en el desvío de recursos públicos a gran escala.

De acuerdo con la FGR, los delitos imputados incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La red habría operado mediante contratos celebrados con distintas dependencias del sector de seguridad pública, particularmente con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en los que aparecen nombres de familiares directos de García Luna.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) documentó que, bajo el auspicio del exsecretario, un conglomerado empresarial de carácter familiar obtuvo al menos 30 contratos con instancias de seguridad en México. A partir de estos convenios, se habrían extraído recursos públicos por un monto estimado en 745.9 millones de dólares, cifra que aún podría incrementarse conforme avanzan las indagatorias.

Las autoridades financieras detectaron que el dinero fue enviado al extranjero mediante esquemas de triangulación y uso de paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar su origen. Parte de los recursos se utilizó para la adquisición de bienes inmuebles y propiedades en Florida, Estados Unidos. Como resultado de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de los involucrados y los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019.

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En el ámbito internacional, el gobierno mexicano promovió en septiembre de 2021 una demanda civil ante un tribunal del condado de Miami-Dade para recuperar los activos adquiridos con recursos públicos desviados. Hasta el momento, se han asegurado al menos 19 propiedades vinculadas a García Luna y a sus presuntos cómplices. Estas acciones son independientes del proceso penal que enfrentó el exfuncionario en Brooklyn, Nueva York.

Las investigaciones también revelaron que la red de corrupción continuó operando incluso después de que García Luna dejó el servicio público, extendiéndose por más de 20 años. Entre los implicados figuran su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, sus hermanos Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, así como empresarios ligados al grupo Weinberg y diversas compañías señaladas por operaciones financieras irregulares.

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La FGR informó que las indagatorias siguen en curso y que se trabaja para ubicar y procesar a la totalidad de las personas involucradas en este entramado, considerado uno de los casos de corrupción más amplios relacionados con el sector de seguridad pública en México.