En Durango, hablar de frijol no es solo hablar de un cultivo: es hablar de identidad, de economía rural y de miles de familias que año con año apuestan todo a la tierra. Por eso, cualquier decisión que impacte directamente en su precio no es menor, y mucho menos cuando rompe una lógica histórica donde el productor casi siempre pierde.

El anuncio del gobernador Esteban Villegas sobre la ampliación del programa de compra de frijol que pasa de 27 mil a 40 mil toneladas a un precio de 27 mil pesos por tonelada marca un punto relevante en la relación entre el gobierno y el campo duranguense. No solo por el volumen, sino por el mensaje: pagar por encima del precio de mercado en un contexto donde el kilo ronda entre los 8 y 9 pesos es, en los hechos, un salvavidas para los pequeños productores.

La cifra no es menor. Más de mil 80 millones de pesos de derrama económica directa al campo representan oxígeno puro para regiones que han sobrevivido entre la incertidumbre climática, los altos costos de producción y, durante años, el abuso de intermediarios. Ahí radica uno de los principales aciertos de esta estrategia: la compra directa, sin gestores ni listas opacas, un reclamo histórico del sector.

Pero el esquema no se queda solo en el programa federal. Para quienes no logren entrar en este mecanismo, el Gobierno del Estado abrió otra puerta: compras a 13 y 15 pesos por kilo, dependiendo del cribado, con un incentivo adicional que no es menor: el uso gratuito de cribadoras. Traducido en términos simples, menos gastos para el productor y mejores márgenes en un mercado que casi siempre juega en su contra.

Este tipo de medidas no resuelven, por sí solas, todos los problemas estructurales del campo, pero sí corrigen una de las distorsiones más graves: vender por debajo del valor real del producto. Cuando el esfuerzo de meses termina pagándose a precios de remate, el desánimo se instala y el abandono del campo se vuelve una opción.

Hoy, al menos en el papel y en el anuncio, el frijol vuelve a tener un precio que reconoce el trabajo detrás de cada hectárea sembrada. El reto, como siempre, estará en la ejecución: que los apoyos lleguen a tiempo, que no se burocraticen y que realmente beneficien a quienes dependen de esta cosecha para sostener a sus familias.

Durango vive del campo y el campo vive de decisiones como esta. Si el compromiso se mantiene y se traduce en resultados, el frijol dejará de ser sinónimo de pérdida y volverá a ser, como debería, una fuente de estabilidad para miles de productores.