Ciudad de México.– A más de tres meses de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, el Gobierno de la Ciudad de México logró cerrar 143 acuerdos reparatorios por un monto histórico de 480 millones de pesos, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un ejercicio de rendición de cuentas.

De ese total, 429 millones de pesos, es decir, el 90 por ciento, ya fueron entregados a las familias afectadas, mientras que el resto está a punto de quedar completamente solventado, aseguró la mandataria capitalina.

“El 10 de septiembre es una fecha que quedará marcada en la memoria de nuestra ciudad. Fue un día trágico que nos golpeó y nos conmovió profundamente”, expresó Brugada, al reiterar su solidaridad con las víctimas y sus familias.

La jefa de Gobierno reconoció que ningún recurso económico puede reparar la pérdida de una vida humana, y lamentó el fallecimiento de 32 personas a consecuencia del siniestro. “Nada sustituye la ausencia de un ser querido”, afirmó al enviar condolencias a los familiares.

Brugada también destacó la rápida respuesta de las autoridades tras la explosión. Señaló que se desplegó un operativo de emergencia con más de mil 400 servidores públicos, entre bomberos, policías, personal de Protección Civil, paramédicos, médicos y brigadistas, quienes acudieron en cuestión de minutos para atender a los lesionados.

En total, 23 hospitales de distintos subsistemas de salud recibieron a las personas afectadas, entre ellos IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE, PEMEX y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Gracias a la atención médica inmediata, todas las personas lesionadas ya fueron dadas de alta y continúan su recuperación desde casa.

Además de la atención médica, el Gobierno capitalino brindó apoyo psicológico y contención emocional a víctimas y familiares, con un total de mil 660 atenciones especializadas, acompañamiento que, aseguró Brugada, continúa vigente.

Como apoyo inmediato, el gobierno entregó en dos momentos un total de 40 mil pesos a cada víctima directa y a sus familiares, para cubrir necesidades urgentes derivadas del accidente, como hospitalización o la pérdida del principal sostén económico del hogar.

Tras el accidente, también se realizaron cambios al Reglamento de Tránsito para restringir los horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora y disminuir la cantidad de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la ciudad.

Finalmente, Brugada anunció que en 2026 se presentará una aplicación para monitorear en tiempo real las pipas que circulan en la capital, con el objetivo de conocer su ubicación, velocidad y condiciones, y así prevenir futuras tragedias.