La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros y miembros de su círculo cercano coloca a México como un engranaje central dentro de una supuesta estructura de narcotráfico a gran escala con destino final en territorio estadounidense.

El documento judicial, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que altos funcionarios del gobierno venezolano habrían establecido alianzas con organizaciones criminales mexicanas para facilitar el traslado de grandes cargamentos de cocaína, así como el retorno de recursos económicos producto de estas operaciones.

Según la acusación difundida por el Departamento de Justicia, México no solo fungía como país de paso, sino como un espacio donde se coordinaban rutas, se protegían envíos y se gestionaban ganancias ilegales provenientes del tráfico de drogas.

La fiscalía señala una presunta colaboración directa con el Cártel de Sinaloa y con Los Zetas actualmente identificados como Cártel del Noreste, a los que describe como organizaciones criminales con amplia capacidad operativa y presencia internacional.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el expediente lo vincula con el financiamiento de laboratorios de cocaína en Sudamérica y con el control de rutas que atravesaban Centroamérica y México rumbo a Estados Unidos. La acusación menciona que estas operaciones contaban con protección armada y respaldo institucional desde Venezuela.

Respecto a Los Zetas, el documento afirma que Diosdado Cabello habría coordinado, durante varios años, el envío de cargamentos marítimos de cocaína desde Venezuela hacia puertos mexicanos, con volúmenes que alcanzaban decenas de toneladas por embarque.

Ambas organizaciones son catalogadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

La acusación describe a México como un nodo logístico dentro de una red transnacional que utilizaba a Venezuela como plataforma de salida de la droga. Las rutas incluían escalas en el Caribe y Centroamérica, antes de ingresar a territorio mexicano.

Además, el documento menciona la existencia de sobornos a funcionarios locales para garantizar el paso de cargamentos y evitar inspecciones. En ese contexto, se señala que Maduro, cuando fungía como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez, habría facilitado mecanismos para repatriar a Venezuela las ganancias ilícitas.

Entre 2006 y 2008, según el expediente, se habrían utilizado aeronaves privadas con cobertura diplomática para trasladar dinero en efectivo desde México, eludiendo revisiones oficiales mediante el uso de pasaportes diplomáticos y avisos previos a la embajada venezolana.

Uno de los episodios más relevantes citados ocurrió en 2006, cuando autoridades mexicanas decomisaron más de cinco toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. La droga había llegado en un avión procedente de Venezuela.

Aunque el plan incluía presuntos pagos para autorizar el vuelo, la operación falló y el cargamento fue asegurado. La acusación afirma que este hecho derivó en sanciones internas dentro del grupo, incluyendo un pago millonario para evitar represalias en Venezuela.

Años después, tras otra incautación de droga en Europa, Maduro habría recordado ese incidente como ejemplo de errores que no debían repetirse, mencionando de forma explícita el caso ocurrido en México.

El expediente identifica a Nicolás Maduro como líder del llamado “Cártel de los Soles”, al que se atribuye el uso de estructuras del Estado venezolano para proteger actividades de narcotráfico.

También se menciona a Diosdado Cabello como coordinador de envíos y enlaces con organizaciones criminales; a Cilia Flores, esposa de Maduro, como facilitadora desde el ámbito político; y a Nicolás Maduro Guerra como participante en la logística.

Entre los coacusados aparece además Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, señalado por brindar apoyo armado y logístico a las operaciones.