La Cámara de Diputados se prepara para uno de los debates más delicados del próximo periodo ordinario, la reforma electoral que impulsa el partido en el poder y que, desde antes de tener un dictamen formal, ya genera resistencias, suspicacias y un choque frontal de posturas entre fuerzas políticas.

El diputado federal por Tijuana, Gilberto Herrera Solórzano, integrante de la Comisión de Reforma Electoral, reconoció que el tema marcará la agenda legislativa a partir del 1 de febrero y que no será una discusión tersa. Por el contrario, anticipó un proceso “álgido”, donde se confrontarán visiones opuestas sobre el rumbo de la democracia mexicana.

Aunque todavía no existe una iniciativa consolidada, Herrera explicó que el planteamiento oficial gira en torno a abaratar los procesos electorales, reducir el financiamiento a los partidos y replantear figuras como la de los diputados plurinominales. Propuestas que, si bien conectan con un malestar social extendido, también despiertan alertas entre especialistas y opositores que ven riesgos para la representación política y el equilibrio institucional.

“El reclamo ciudadano es que las elecciones son muy caras, baja participación y representantes que no hacen campaña ni rinden cuentas a un territorio”, sostuvo el legislador. Sin embargo, reconoció que traducir ese descontento en una reforma constitucional implica decisiones complejas que no todos comparten.

Aseguró que durante los últimos meses, han recibido a actores clave del sistema electoral, entre ellos consejeros del INE y representantes de organismos públicos locales electorales (OPLEs), como el de Baja California, quienes han expuesto preocupaciones sobre la viabilidad operativa y los posibles efectos secundarios de una reconfiguración profunda del modelo electoral.

Además, el gobierno federal ha recurrido a encuestas para medir la percepción ciudadana sobre temas como el costo de las elecciones, el financiamiento a partidos y los mecanismos de participación directa. Para Herrera, los resultados reflejan un hartazgo generalizado, aunque admitió que no todas las soluciones propuestas generan consenso.

Uno de los puntos más polémicos será el financiamiento partidista. El diputado señaló que existe la idea de que los partidos solo reciban recursos públicos en años electorales, una medida que impactaría por igual a todas las fuerzas, incluido el partido gobernante. A su juicio, el esquema actual es excesivo y poco transparente.

“No es razonable que partidos que no tienen ni oficinas de gestión visibles reciban millones de pesos cada año”, criticó, al tiempo que recordó que, en sus orígenes, su propio movimiento se sostenía con aportaciones voluntarias de la militancia.

Otro eje del debate será el fortalecimiento de figuras como la revocación de mandato, los referéndums y las iniciativas ciudadanas. Aunque se presentan como mecanismos para ampliar la voz popular, también han sido cuestionados por su uso político y por los requisitos técnicos que implican.

Mientras tanto, en paralelo a la reforma electoral, el Congreso arrastra la tarea de revisar las leyes secundarias de más de 20 reformas constitucionales aprobadas en el último año, un trabajo menos visible pero clave para definir el alcance real de los cambios ya avalados.