La Fiscalía General de la República (FGR) informó la localización de cuerpos y restos humanos vinculados a la desaparición de al menos 10 trabajadores de una minera en Sinaloa. Los hallazgos se registraron durante diligencias en el municipio de Concordia, donde se realizan cateos y trabajos periciales para identificar a las víctimas.

Uno de los cuerpos presenta características similares a las de uno de los desaparecidos, por lo que personal forense realiza análisis detallados para confirmar su identidad. Las autoridades aseguraron que todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones son consideradas inocentes hasta que un juez determine lo contrario.

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrando esfuerzos de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los operativos incluyen cateos, aseguramiento de evidencias y búsqueda de indicios que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento, se han detenido a cuatro personas bajo la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Los arrestos se realizaron en Concordia, en poblados como El Verde, donde se aseguraron armas largas tipo AK-47, chalecos tácticos, cargadores y municiones. En otras acciones también se encontraron un fusil SCAR, una pistola y más municiones.

Por su parte, la fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, informó que tras cateos en Mazatlán y Concordia se recuperaron pertenencias de los mineros desaparecidos, incluyendo identificaciones, teléfonos y una computadora portátil, que podrían ayudar a reconstruir los hechos.

Investigaciones periodísticas sugieren que el secuestro podría estar vinculado a un esquema de extorsión operado por una célula de Los Chapitos, presuntamente con complicidad de autoridades locales y estatales. La periodista de investigación María Idalia Gómez indicó que, además de los 10 trabajadores iniciales, el número de víctimas podría alcanzar hasta 14, y que el caso es objeto de seguimiento conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá debido a la implicación de una empresa extranjera.

Gómez también alertó que el aumento de extorsiones en la minería refleja una estrategia del crimen organizado ante restricciones internacionales de insumos, marcando lo que calificó como una nueva etapa de violencia económica, cuyas repercusiones ya afectan a las familias de las víctimas.