El Congreso del Estado aprobó por unanimidad enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca garantizar que las personas privadas de la libertad continúen cumpliendo con sus obligaciones de pensión alimentaria.

La propuesta plantea que el sistema penitenciario del país implemente mecanismos que aseguren el pago de estas obligaciones en favor de quienes tienen derecho a recibirlas, principalmente niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión ordinaria se discutió la iniciativa presentada en su momento por el Grupo Parlamentario del PAN, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.

El diputado Fernando Rocha Amaro explicó que actualmente existe un vacío legal que permite que, en muchos casos, las obligaciones alimentarias queden sin cumplirse cuando una persona es privada de la libertad.

“El hecho de estar en prisión no puede significar el abandono de la responsabilidad familiar”, señaló el legislador al defender la propuesta ante el pleno.

Rocha Amaro consideró que esta reforma busca fortalecer a la familia y proteger a los sectores más vulnerables, al establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de estas obligaciones incluso dentro del sistema penitenciario.

El legislador agregó que una verdadera reinserción social también implica mantener las responsabilidades con la familia, especialmente con los hijos.

“Una sociedad justa no puede permitir que los hijos paguen el costo de las omisiones de los adultos”, expresó.

De aprobarse a nivel federal, la reforma obligaría al sistema penitenciario a generar esquemas que permitan a las personas privadas de la libertad cumplir con el pago de alimentos, reforzando así la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.