La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes el llamado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que será enviada al Senado y que busca reducir privilegios en el sistema político-electoral, así como fortalecer la participación ciudadana mediante la revocación de mandato.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proyecto incluye cambios constitucionales y legales, además de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El eje central del Plan B, detalló la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es disminuir costos, eliminar excesos en el servicio público y reforzar mecanismos democráticos.

🚨El Plan B de la reforma electoral va al Senado, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum 👇🏼 pic.twitter.com/TsoNK3RrdZ

— Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

¿En qué consiste el Plan B?

El Plan B es una propuesta de reforma electoral enfocada en dos pilares principales: reducir privilegios y gastos en el sistema electoral y ampliar la participación ciudadana.

Para ello, plantea limitar salarios y beneficios de funcionarios electorales, ajustar estructuras en gobiernos locales para generar ahorros y establecer reglas más estrictas de transparencia para partidos políticos. Además, impulsa mecanismos como la revocación de mandato para que la ciudadanía tenga mayor control sobre sus gobernantes.

A diferencia de una reforma integral, este Plan B surge tras no aprobarse cambios más profundos, por lo que se enfoca en modificaciones legales y ajustes específicos que permitan avanzar en la política de austeridad y en el fortalecimiento democrático.

🔴 Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló los alcances del Plan B en materia electoral.

Señaló que la reducción de regidurías será 7 hasta un máximo de 15.

🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/CrkCa9X80W

— Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

Principales medidas

Entre las principales acciones destaca que ningún funcionario electoral —incluidos consejeros del INE y magistrados— podrá ganar más que la presidenta, además de eliminar bonos, seguros médicos privados y prestaciones adicionales. También se plantea reducir el número de regidurías en municipios (de siete a un máximo de 15) y limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento.

En el caso de los congresos locales, se propone fijar un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal, mientras que en el Senado se acordó una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15%. Los ahorros generados, según el proyecto, se destinarían a obras de infraestructura en estados y municipios.

El Plan B también contempla fortalecer la revocación de mandato, permitiendo que este ejercicio ciudadano se realice en el tercer o cuarto año del sexenio —es decir, en 2027 o 2028—, cuando actualmente está establecido para el cuarto año.

En materia de partidos políticos, la iniciativa obliga a transparentar los ingresos de dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohíbe el uso de recursos ilícitos, en efectivo o provenientes del extranjero en campañas.

Asimismo, se plantean cambios técnicos en los procesos electorales, como iniciar el cómputo de votos desde la llegada del primer paquete electoral y el uso de tecnologías para mejorar la fiscalización.

Aunque no se logró incluir una reducción directa al financiamiento de los partidos, el proyecto mantiene el objetivo de transparentar sus recursos y reducir el costo del sistema electoral.