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Extraditan a traficante de armas a EE.UU.; lo vinculan con el CJNG

NACIONAL

20-03-2026


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Redacción BajaNewsMx
Editorial bajanews.mx| BajaNews
Publicado: 20-03-2026 15:56:00 PDT

Autoridades estadounidenses señalan que conspiró para suministrar armamento de uso militar a un cártel mexicano

Peter Dimitrov Mirchev compareció ante un tribunal federal tras ser extraditado desde España para enfrentar cargos por conspiración para distribuir cocaína y por posesión ilegal de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos, en el marco de delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la acusación, Mirchev, junto con otros implicados de origen africano, habría participado desde 2022 en una red internacional dedicada al suministro ilegal de armamento de grado militar a cárteles mexicanos, particularmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).


El armamento presuntamente incluía ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, equipo de visión nocturna, minas antipersona y sistemas antiaéreos.


Las autoridades señalan que los acusados creían que estas armas serían utilizadas por el CJNG para facilitar el tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.


Como parte de la investigación, se documenta que Mirchev habría coordinado operaciones para evadir controles internacionales, incluyendo la obtención de certificados de usuario final falsificados para justificar la exportación de armas desde Europa.


Entre las acciones señaladas, destaca un envío de prueba de 50 fusiles de asalto AK-47 desde Bulgaria, presuntamente destinados al cártel mexicano.


Además, los implicados habrían planeado suministrar armamento de mayor capacidad, como misiles tierra-aire y sistemas antiaéreos, en operaciones cuyo valor estimado superaba los 50 millones de euros.


Las autoridades informaron que varios de los involucrados ya fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos, mientras que uno de los presuntos responsables permanece prófugo.


De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua, de acuerdo con la legislación federal estadounidense.


El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de autoridades internacionales.