La presidenta de Gente Diversa e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), Rebeca Maltos Garza, denunció públicamente presuntos actos de violencia institucional, exclusión y falta de paridad de género al interior del organismo, situación que, afirmó, la convirtió en una figura incómoda para algunos integrantes del consejo.

Maltos recordó que desde 2015 ha participado como aliada estratégica del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, colaborando en conferencias y diversos eventos; sin embargo, fue hasta diciembre de 2021 cuando asumió formalmente como consejera, tras ser seleccionada mediante convocatoria pública y rendir protesta ante autoridades estatales.

La activista sostuvo que su exigencia de incorporar una perspectiva de género dentro de las políticas de seguridad provocó resistencias entre algunos integrantes del organismo.

“No es un capricho ni una necedad. Los derechos humanos no se negocian y deben avanzar de forma progresiva. El principio de paridad de género está elevado a rango constitucional, no es discrecional y debe cumplirse”, expresó.

Señaló que actualmente no existe equilibrio de género en el CCSPE, ya que predominan hombres tanto en la representación ciudadana como gubernamental, además de que la mayoría de los titulares de seguridad pública en Baja California son varones.

“Si quienes toman decisiones no incorporan la perspectiva de género y siguen operando bajo los mismos esquemas, seguiremos obteniendo los mismos resultados en materia de seguridad”, apuntó.

Maltos reveló que en abril se enteró que durante una sesión celebrada en diciembre pasado en Ensenada se votó su remoción como consejera, argumentando presuntas inasistencias injustificadas durante el año.

La activista calificó esa decisión como irregular y aseguró que fue sustentada en una interpretación errónea del reglamento interno.

“Aplicaron mal el reglamento y actuaron con dolo y mala fe. Yo notificaba cuando no podía asistir, además el propio reglamento establece procedimientos previos antes de una remoción, mismos que nunca se siguieron”, afirmó.

Asimismo, denunció que cuando intentó presentar un escrito para defender su permanencia dentro del consejo, se le negó el uso de la voz.

“Pedí cinco minutos para explicar mi caso y me los negaron. Tanto consejeros ciudadanos como gubernamentales optaron por el silencio”, relató.

La presidenta de Gente Diversa también cuestionó el ambiente dentro del organismo, señalando que algunos asistentes acuden escoltados y armados, lo que, dijo, genera un entorno desigual para quienes participan desde la sociedad civil.

Como parte de las acciones emprendidas, informó que solicitó una reunión con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para impulsar reformas legales que incorporen de forma expresa la paridad de género y mecanismos de rendición de cuentas en el CCSPE.

Además, confirmó que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana un informe financiero para transparentar el uso de recursos asignados al organismo, así como la instalación de una mesa de diálogo con alcaldes y alcaldesas de los siete municipios para abordar estrategias de seguridad con enfoque de género.

Maltos adelantó que también analiza promover un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC), al considerar que su exclusión constituye una vulneración al derecho de participación ciudadana.

Finalmente, agradeció el respaldo de organizaciones civiles y colectivas feministas de Baja California y otras entidades del país, que se han sumado a respaldar su causa.

“Esto no se acaba hasta que se acaba”, concluyó.