El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este lunes que presentó una solicitud formal de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con presuntos nexos con el narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, explicó que la intención es impedir que Rocha Moya pueda retomar el cargo y recuperar el fuero constitucional mientras continúan las acusaciones en su contra.

Además, la bancada panista solicitó aplicar las sanciones máximas contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a funcionarios que presuntamente mantengan vínculos o colaboren con grupos criminales.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó al gobierno federal de minimizar y encubrir las denuncias relacionadas con integrantes de Morena señalados por posibles relaciones con el crimen organizado.

El líder panista aseguró que las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses no representan un ataque contra México, sino procedimientos dirigidos contra personas consideradas presuntamente responsables de delitos.

En el mismo sentido, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, afirmó que existen antecedentes e indicios que, según dijo, deben investigarse a fondo. Entre ellos mencionó hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, así como el asesinato del exdiputado electo Héctor Melesio Cuén.

El PAN sostuvo que la solicitud de extradición promovida por Estados Unidos se encuentra respaldada por el tratado bilateral vigente entre ambos países.

Además del juicio político, la dirigencia blanquiazul informó que acudirá ante la Corte Penal Internacional para presentar una denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad. También adelantó que solicitarán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que existe una posible intervención del crimen organizado en el funcionamiento del gobierno estatal.