La presidenta de Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear un mecanismo que permita revisar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y la delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca evitar que partidos políticos postulen candidatos relacionados con grupos criminales en las elecciones estatales y municipales de 2027.

La iniciativa contempla la creación de una “comisión de verificación de integridad de candidaturas”, dependiente del Instituto Nacional Electoral, la cual serviría como enlace entre los partidos políticos y autoridades de seguridad e inteligencia como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Según explicó Alcalde, los partidos podrían entregar de manera voluntaria listas de aspirantes para ser revisadas. Posteriormente, las autoridades responderían únicamente si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada, sin revelar detalles de investigaciones en curso.

“La Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable (…) y con base en ello serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, señaló la funcionaria.

Por su parte, Sheinbaum defendió la propuesta al señalar que en los últimos años se han detectado casos de presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales.

“Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló la propuesta de Claudia Sheinbaum para evitar candidatos con nexos delincuenciales.

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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 21, 2026

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie si es que hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras”, afirmó la mandataria, quien reiteró que su administración mantiene una política de “cero impunidad” con respeto al debido proceso.

El anuncio ocurre en medio de recientes investigaciones por presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, incluyendo detenciones de funcionarios y exfuncionarios municipales en Morelos relacionados con una red de corrupción y extorsión vinculada al Cártel de Sinaloa.