El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó que autoridades de Estados Unidos hayan revocado o restringido su visa, luego de que un reportaje publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times lo relacionara con una investigación sobre presunto contrabando de combustible.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal exhibió su visa vigente y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del gobierno estadounidense que limite su ingreso a ese país.

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Villarreal sostuvo que la información difundida por el medio se basa en fuentes anónimas y carece de elementos verificables que respalden las acusaciones en su contra. Asimismo, rechazó cualquier relación con actividades vinculadas al robo de hidrocarburos, conocido comúnmente como "huachicol".

El gobernador afirmó que su trayectoria profesional y política se ha desarrollado dentro del marco de la legalidad y señaló que los señalamientos buscan construir una narrativa sin sustento documental.

"Estoy tranquilo y consciente de mis actos", expresó al insistir en que no ha cometido delitos ni mantiene vínculos con organizaciones criminales.

🚨#Ahora | El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, muestra su visa y niega que tenga un permiso especial para entrar a Estados Unidos.

Así, rechaza los señalamientos recientes de Los Ángeles Times.

🗞️Daisy Herrera vía @Radio_Formula pic.twitter.com/Ba11icyyGx

— Azucena Uresti (@azucenau) June 5, 2026

La publicación de Los Angeles Times señala que Villarreal y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones relacionadas con presuntos nexos con actividades ilícitas. Sin embargo, el propio medio también indicó que ambos continúan participando en reuniones y programas de cooperación binacional.

Tras la difusión del reportaje, representantes de los gobiernos de Tamaulipas y Sonora desmintieron las versiones mediante comunicados y mensajes difundidos en redes sociales.

La controversia surge en un momento de mayor presión por parte de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar las acciones contra organizaciones delictivas que operan en territorio mexicano.