A más de dos años de haber presentado una denuncia por presunto abuso sexual infantil y violación, una joven identificada como Monse denunció públicamente la lentitud de las autoridades para dar seguimiento a su caso, señalando que el presunto agresor continúa en libertad y que hasta la fecha no se le han otorgado medidas de protección.

La joven relató que los hechos habrían ocurrido durante varios años, desde que tenía entre 9 y 10 años de edad hasta poco antes de cumplir los 15, y que el señalado era una persona de confianza, aunque sin vínculo familiar.

“Vengo aquí para exigir justicia”, expresó la denunciante al afirmar que interpuso formalmente la denuncia en diciembre de 2023 y que, pese a la gravedad de los señalamientos, el expediente permaneció sin avances significativos durante largo tiempo.

Según su testimonio, durante años fue víctima de tocamientos indebidos, agresiones sexuales y violación. Sin embargo, aseguró que no fue sino hasta recientemente cuando, con el apoyo de dos abogadas, logró que se programara una audiencia para el próximo 15 de junio.

El caso pone nuevamente sobre la mesa los cuestionamientos hacia la capacidad institucional para atender con oportunidad los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Mientras las autoridades suelen insistir en la importancia de denunciar este tipo de conductas, víctimas y colectivos han señalado de manera recurrente que los procesos suelen enfrentarse a retrasos, falta de seguimiento y escasas medidas de protección.

Uno de los aspectos más delicados denunciados por Monse es que el presunto agresor continúa libre y permanece en zonas cercanas a los lugares que ella frecuenta, situación que, afirmó, le genera temor constante.

“Esa persona está cerca de mí casi todo el tiempo”, señaló.

La joven aseguró además contar con pruebas y testimonios que apuntarían a que otras menores también habrían sido víctimas del mismo individuo, incluso dentro de su entorno familiar y en la colonia Conjunto Urbano Universitario de Mexicali. No obstante, dichas afirmaciones deberán ser corroboradas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial correspondiente.

Asimismo, cuestionó la atención recibida en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), donde buscó acompañamiento legal. De acuerdo con su versión, no recibió el apoyo esperado durante parte de su proceso.

Más allá de un caso particular, la denuncia pública evidencia una problemática que organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado durante años: la brecha existente entre el discurso institucional de protección a las víctimas y la realidad que enfrentan muchas personas al buscar justicia.

Cuando una denuncia por presunto abuso sexual infantil permanece durante años sin avances visibles, sin audiencias y sin medidas cautelares para proteger a quien acusa, inevitablemente surgen cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos encargados de garantizar el acceso a la justicia.

Mientras el caso avanza hacia una audiencia programada para este mes, la exigencia de la denunciante es clara: que las autoridades actúen con prontitud y que el proceso no continúe acumulando retrasos.

“Que por favor se haga justicia por lo que pasó”, concluyó.

La identidad completa de la denunciante y de la persona señalada se mantiene reservada para proteger a la posible víctima y garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.