A pesar de que desde hace meses se planteó la necesidad de crear una estrategia integral para atender la problemática del suicidio en Durango, hasta el momento no se ha concretado un programa que coordine los esfuerzos institucionales para contener este fenómeno, aseguró Jorge Clemente Mojica, presidente del Consejo Estatal Ciudadano (CEC).

El representante ciudadano lamentó que los recursos humanos y materiales continúen dispersos entre distintas dependencias, lo que ha impedido consolidar una política pública capaz de atender tanto la prevención como el seguimiento de personas en riesgo.

“Estamos en espera. No se ha logrado concretizar ese programa integral que estamos pidiendo para tratar de contener este grave problema de suicidios”, señaló.

Mojica destacó que una de las principales preocupaciones es la falta de seguimiento a quienes han intentado quitarse la vida, ya que en muchos casos existen antecedentes de múltiples intentos antes de consumar la autolesión.

Según explicó, actualmente se habla de alrededor de 80 suicidios registrados en Durango durante este año, cifra que calificó como alarmante. Sin embargo, advirtió que el problema podría ser aún mayor si se consideran los intentos no consumados.

“El dato más preocupante es que por cada suicidio consumado puede haber hasta 30 intentos previos. Estamos hablando de cientos de personas que requieren atención especializada y acompañamiento”, expresó.

Bajo esa estimación, señaló que podrían existir más de 350 intentos de autolesión que no han concluido en una muerte, pero que representan una población altamente vulnerable y con riesgo de reincidencia.

Ante este panorama, informó que ha sostenido acercamientos con instituciones educativas como la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Lobos, con el objetivo de explorar la participación de estudiantes y especialistas en psicología para fortalecer las acciones de prevención.

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No obstante, insistió en que estos esfuerzos deben realizarse bajo una coordinación institucional que evite duplicidades y permita aprovechar mejor los recursos disponibles.

“El problema sigue creciendo y la urgencia es evidente. Se requiere una estrategia organizada, permanente y con seguimiento puntual a quienes ya han presentado conductas de riesgo”, concluyó.