Gregorio Salazar juez de distrito,  ordenó investigar a la directora del penal del Altiplano y al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por el retardo ocasionado a la audiencia de Ovidio Guzmán y contar con las condiciones y tiempos bajo los cuales lo solicitó, en tiempo y forma, tras su detención en Sinaloa y posterior traslado desde la Ciudad de México.

En la audiencia en la cual decretó la privación de la libertad de Ovidio hasta por 60 días como máximo, el juzgador, molesto, tras dar a conocer su resolución contra el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, emplazó a los representantes ahí presentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la investigación contra ambos funcionarios, a la vez de imponerles una multa administrativa.

La multa, tanto a la directora del Altiplano, Nora Angélica Balderrama, como al titular del órgano administrativo, Hazael Ruiz Ortega, responsable de los penales federales de todo el país, fue por un monto de 19 mil 244 pesos, cada uno, pues aseguró que no había “motivo ni justificación alguna” para haber retrasado la realización de la audiencia en la que se presentaría a Ovidio.