La pregunta es dura pero necesaria: ¿Qué ocurriría si llegara a estallar alguno de los cinco tanques de almacenamiento de Gas LP en la estación ubicada en la zona de la 5 y 10, donde diariamente transitan miles de personas? Los informes técnicos disponibles señalan que las cisternas suman una capacidad de hasta 240 mil litros, lo que, en caso de un siniestro mayor, podría generar un radio de afectación de 1.5 a 2 kilómetros.

El escenario no es hipotético por capricho. Apenas el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa, Ciudad de México, una explosión de un camión de distribución de gas dejó seis personas muertas y decenas de heridos, además de cuantiosos daños materiales en casas, vehículos y negocios cercanos. El incidente encendió las alarmas en todo el país sobre la seguridad en este tipo de instalaciones.

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En el caso de Tijuana, basta imaginar la densidad poblacional en torno a la 5 y 10. Tomando como base los datos del INEGI y la concentración de comercios, viviendas, escuelas y hospitales en la zona, una detonación podría impactar directamente a más de 50 mil personas, entre habitantes y transeúntes. El cálculo se hace considerando la población estimada en un radio de dos kilómetros alrededor del cruce vial más concurrido de la ciudad.

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Este tipo de tragedias no es ajeno a Baja California. El 12 de abril de 2023, la explosión de una mina estacionaria de la empresa Gas Silza —propiedad del grupo Tomza y de la familia Zaragoza, que controla gran parte del mercado gasero en la región— cobró la vida de cuatro personas y dejó a tres más gravemente heridas. En aquel entonces, una de las minas salió proyectada e impactó las oficinas, provocando la muerte inmediata de los trabajadores que se encontraban en el lugar. 

En abril de 2020, la zona de la 5 y 10 ya había vivido un episodio de riesgo relacionado con el gas: una pipa sufrió una volcadura tras quedarse sin frenos y terminó impactándose bajo el puente, lo que provocó la muerte de una persona y lesiones leves a otras dos. La magnitud del percance obligó a las autoridades a perimetrar el área desde la gasera cercana hasta la Clínica 20 del IMSS, recordando lo vulnerable que resulta esta intersección en caso de accidentes vinculados al combustible.

Las autoridades municipales y federales han clausurado en diversas ocasiones instalaciones gaseras en Tijuana por irregularidades. Sin embargo, vecinos y expertos insisten en que la supervisión debe ser constante y rigurosa. La experiencia de Iztapalapa y el antecedente de El Refugio en 2023 muestran que no se trata de exageraciones: el riesgo es real, y la pregunta sobre la estación de la 5 y 10 sigue vigente.