El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al vino resta competitividad al sector vitivinícola de Baja California y afecta a toda la cadena de valor vinculada con la gastronomía, el turismo, la producción agrícola, los restaurantes, hoteles, distribuidores y prestadores de servicios, declaró Julio Salinas López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.

El dirigente empresarial señaló que el vino mexicano compite en el mercado nacional con una carga fiscal que incrementa el precio final para el consumidor y reduce el margen de operación de productores, restaurantes y establecimientos turísticos.

De acuerdo con la Ley del IEPS, las bebidas alcohólicas pagan una tasa del 26.5 por ciento cuando tienen una graduación de hasta 14 grados; del 30 por ciento cuando superan los 14 y alcanzan hasta 20 grados; y del 53 por ciento cuando rebasan los 20 grados. En el caso del vino de mesa, la mayor parte de la producción se ubica en los dos primeros rangos.

Salinas López sostuvo que el problema no se limita a las casas vinícolas, ya que el impuesto termina trasladándose a restaurantes, hoteles, bares, distribuidores, productores de uva, transportistas, guías turísticos, organizadores de eventos, cocineros, meseros y trabajadores vinculados con el enoturismo.

"Cuando se encarece una botella, no sólo se afecta al productor; se afecta al restaurante que la ofrece, al visitante que la consume, al valle que recibe turismo y a toda la economía que depende de esa experiencia", planteó.

El presidente del CCEE indicó que Baja California concentra alrededor del 70 por ciento de la producción nacional de vino, por lo que cualquier presión fiscal sobre esta actividad tiene un impacto directo en Ensenada, el Valle de Guadalupe, San Vicente, Ojos Negros y otras zonas productivas.

Añadió que el sector vitivinícola y las autoridades estatales han impulsado acciones para facilitar el ingreso de vino bajacaliforniano a Estados Unidos por parte de visitantes que cruzan la frontera, particularmente hacia California, con el objetivo de fortalecer el consumo y ampliar el mercado para las vinícolas de la entidad.

Recordó que el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola, ha informado sobre las gestiones encaminadas a permitir que los visitantes puedan cruzar hasta seis botellas de vino de Baja California hacia California para consumo personal, medida que, de concretarse, representaría un incentivo para el turismo enológico y la comercialización del producto regional.

"Mientras se realizan esfuerzos para ampliar mercados, atraer visitantes y facilitar el consumo del vino bajacaliforniano en la región fronteriza, la elevada carga fiscal continúa representando un obstáculo para la competitividad del sector", expuso.

El presidente del CCEE agregó que el Consejo Mexicano Vitivinícola estima que sólo 19 de cada 100 botellas consumidas en México son de origen nacional, mientras que la carga fiscal del sector alcanza el 46.7 por ciento, lo que coloca al producto mexicano en desventaja frente a otras bebidas y a vinos importados que llegan con mayores economías de escala.

Salinas López consideró necesario revisar el tratamiento fiscal del vino mexicano, no como una excepción aislada, sino como una medida de competitividad regional para una industria que genera empleo, turismo, valor agregado al sector agrícola, identidad gastronómica y promoción internacional para Baja California.

"El vino no debe verse sólo como una bebida. En Baja California representa campo, gastronomía, turismo, hotelería, empleo, inversión y marca regional. Gravar de manera excesiva esta cadena reduce su capacidad de crecimiento", afirmó.

El dirigente empresarial sostuvo que el sector buscará colocar el tema en la agenda pública y legislativa, con el objetivo de abrir una discusión técnica sobre el impacto del IEPS en la industria vitivinícola y en la economía turística del estado.